La amnistía encalla en el Tribunal Supremo
El Tribunal Supremo ha declarado que no considera amnistiable el delito de malversación de caudales públicos en la causa del ‘procés’. Se trata de una decisión de enorme calado jurídico y repercusión política.
En el marco de la imprescindible persecución de la corrupción, los magistrados entienden, con toda lógica, que no casa la lucha de la UE, que prohíbe el indulto o la amnistía del delito de malversación, con esta polémica ley española.
Acierta la resolución de la Sala Penal del Tribunal Supremo, con Manuel Marchena como ponente y suscrita por otros cinco magistrados con el único voto particular de Ana Ferrer, que plantea una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE). La clave es que "el castigo en los delitos patrimoniales no se justifica por ‘quedarse con las cosas de otro’, sino por ‘quitarle a otro las cosas’". En abierta discrepancia con la opinión del Gobierno, el Fiscal General y la Abogacía del Estado, el Supremo argumenta que "[los condenados] hicieron con el patrimonio ajeno que les estaba confiado lo que no pudieron o no quisieron hacer con su patrimonio. Destinaron aquel a sus propios objetivos personales, que no por ser políticos dejan de tener esa vertiente también particular o sectaria".
El Tribunal Supremo mantiene así las órdenes nacionales de detención del expresidente de la Generalitat Carles Puigdemont y de los exconsejeros Toni Comín y Lluis Puig, y no archiva la ejecutoria que inhabilita, hasta los años 2030 y 2031, al exvicepresidente Oriol Junqueras y los exconsejeros Raul Romeva, Jordi Turull y Dolors Bassa. Esta decisión supone un revés para el Gobierno de Pedro Sánchez y sus socios de investidura, que impulsaron la ley de amnistía tras las elecciones del 23 de julio de 2023 como contraprestación por los siete votos de Puigdemont y los suyos.
