La Unión Europea se basa en tres fundamentos morales y políticos: democracia, Estado de Derecho y derechos fundamentales del ser humano. Únicas premisas a partir de las cuales busca para sus ciudadanos una vida comunitaria en libertad, seguridad y prosperidad. No de otro modo. Se puede vivir próspera y seguramente en una dictadura. Pero la Unión repudia ese modelo.

¿Por qué Sánchez ha autorizado firmar con el PP un pacto sobre el Poder Judicial en España? Por temor a ser reprendido públicamente por la Unión. En aplicación del principio de Ockham, esta respuesta es la que mejor explica el caso sin alambicamiento.

Hace ocho años, la Unión acordó vigilar que sus estados contasen en efecto con elecciones limpias, si amparaban a sus ciudadanos y si -nótese bien- el poder judicial era independiente. En algunos estados se estaban erosionando (así se dijo) esos principios. Se encargó a la Comisión Europea un informe anual sobre el asunto. El primero se emitió en 2020 y se presentó al Parlamento, que lo encontró amerengado y fue más directo al grano: concretó situaciones y países, exigió cambios y reclamó sanciones, incluidas las económicas. Porque sin concreciones y castigos se entraría "en un territorio sin ley en el que algunos serían más iguales que otros". Un temor orwelliano, que ahora ronda a la España de Sánchez. Debía, en fin, acabarse con la laxitud en la exigencia de aplicar esos valores sustantivos y se requirió a la Comisión para que fuese de veras su guardiana.

Desde 2020 se ha publicado ese Informe anual. El próximo será en julio. La Unión tiene en examen iniciativas del Gobierno Sánchez que ofrecen indicios sospechosos. Son casos documentados y calificados no solo por la oposición política, sino por asociaciones y grupos relevantes de juristas, fiscales y magistrados, que los razonan y fundamentan. Hay en esas solicitudes delitos que han desaparecido de la ley penal, mutaciones en otros, indultos de conveniencia, una pasmosa amnistía redactada al dictado de sus beneficiarios secesionistas, nombramientos inadecuados para las más altas instancias de la vida forense, etc.

Todos los socios de Sánchez han salido escaldados o en algún grado dañados de su alianza con él. Unos andan en pie de guerra, otros en vigilia hostil, no faltan quienes aguardan en espera recelosa y los hay en descomposición. Es sencillo hacer la lista: están todos. Pero en esa nómina de socios ocasionales, aliados momentáneos, engatusados potenciales y escarmentados suspicaces figura ahora también el partido más votado por los ciudadanos, que es el PP. Ha pactado con Sánchez.

Rajoy, con mayoría absoluta, no quiso, o no se atrevió a abordar el problema. Nació con la peligrosa reforma promovida por González en 1985. Aquel relevante cambio incluyó importantes novedades para el Poder Judicial y vedó que una ley presentada al Parlamento pudiera ser calificada previamente por el Tribunal Constitucional: anuló el recurso previo de inconstitucionalidad.

Su efecto más nocivo fue que el Estatuto de Cataluña (2006), acordado por Maragall y Zapatero y con notorias tachas de inconstitucionalidad, fue votado por los catalanes. Aunque tarde y mal señalaría los desafueros el Tribunal Constitucional, originando la crisis que aún sigue en curso, casi veinte años después. Las nuevas reglas y la soberbia imprudente de Maragall y Zapatero avivaron la brasa separatista.

Ahora, el mal uso de las leyes ha permitido a Sánchez designar para puestos relevantes en el Ministerio Fiscal, en el Tribunal Supremo y en el Constitucional a simples mesnaderos, incluso con carné de partido. Todo ello sumado –delitos abolidos, amnistía, nombramientos sectarios–. podría ser (y quizá sea, en todo o en parte) objeto de reproche por la Unión. Sánchez, con el pacto, ha evitado lo principal y elude esa reprensión, descoloca a sus socios más torpes (de gabinete y de investidura), ajusta mejor su relevancia al segundo puesto obtenido en las elecciones europeas y en las generales españolas (por detrás del PP) y se da un respiro para diseñar nuevos regates con vistas a las probables elecciones catalanas en octubre, a la eventual negociación de leyes y presupuestos y a cualquier ocasión de afianzarse que se le presente, como gran oportunista que es.

En la nómina prevista de miembros del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) no hay, por primera vez, vocales propuestos por las derechas independentistas ni por el PCE: el bipartidismo toma algún aliento y resucitan los tratos sobre el CGPJ entre Catalá (PP) y Robles (PSOE), muertos con la moción de censura contra Rajoy. Luego, el camino fue minado por las ojerizas de Dolores Delgado contra Marchena (detestado por Garzón), la torpeza indiscreta de Cosidó (PP) y la dinamita que ponía Pablo Iglesias, ídolo de sí mismo.

El PP dice tener (casi) lo que quería. Sánchez ha sorteado un arrecife y se dispone a engañar al nuevo incauto (ya lo ha dicho con risitas su escudero Bolaños).

Con seis años de atraso, empieza una esperada obra cuyo final se ignora. El próximo acto, el 31 de julio. En primera fila, Europa.

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