El mundo jurídico aragonés ha recibido el acuerdo para la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) con un cierto alivio. 

Pero al mismo tiempo, las opiniones sobre el resultado son variadas y no excluyen en algunos casos un matiz crítico, pues el pacto por sí mismo no despeja en absoluto la sombra de politización que pesa sobre el órgano de gobierno de los jueces.

En un nivel práctico pero muy importante, hay que esperar que la renovación del Consejo permita resolver con rapidez nombramientos de cargos en los órganos jurisdiccionales aragoneses que están pendientes desde hace tiempo. Lo que debe contribuir sin duda al mejor funcionamiento de la Justicia, que sufre una saturación que va en perjuicio de los ciudadanos y del interés general. También puede verse impulsada, con toda lógica, la carrera de algunos magistrados aragoneses que pueden aspirar a entrar en el Tribunal Supremo, en el que habrá que cubrir muchas vacantes. 

Pero, por otra parte, se comprende que en algunas asociaciones de jueces se perciba una cierta decepción ante un acuerdo en el que, en definitiva, vuelve a repetirse el ‘reparto de cromos’ entre el PSOE y el PP, pues cada uno de los dos partidos, según el documento firmado, ‘elige’ a la mitad de los vocales del Consejo. Con lo que permanece la sensación de que la etiqueta política es el aspecto decisivo, en lugar de los criterios de mérito y capacidad, demostrados a lo largo de una trayectoria profesional, que son los que deberían imperar. La politización de la Justicia, por tanto, se mantiene, a la espera de una reforma del procedimiento para la elección del Consejo que no se sabe ni cuándo se aprobará, si es que llega a aprobarse, ni qué contenido tendrá. La situación de bloqueo era insostenible y en consecuencia el acuerdo ha de ser bienvenido, pero muchos jueces y fiscales, y la mayoría de los ciudadanos, aspiran a reforzar la independencia del poder judicial, que es uno de los pilares del régimen democrático.