Lo que debería haber sido pura rutina terminó por convertirse en una agriada lucha de poder entre socialistas y populares. El bloqueo de la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), atascado durante más de cinco años y repleto de justificaciones partidistas –toda una anomalía ajena a los requisitos constitucionales–, finalizó esta semana con la fotografía del ministro Félix Bolaños y el eurodiputado Esteban González Pons estrechándose las manos mientras se confirmaba la influencia de la política en el órgano de gobierno de los jueces.

Ofrecido como un gran pacto, este aparente final coloca al país en la senda de los acuerdos de Estado y otorga a PSOEy PP la responsabilidad de garantizar una engrasada estructura institucional distanciada del rifirrafe. Se supera el freno y ambas formaciones asumen una tarea que habían ignorado y que quedó relegada en beneficio de un interés por el atrincheramiento de los bloques ideológicos.

El acuerdo para la renovación del CGPJ también posee una interpretación que invita a pensar en una reinauguración de la legislatura, donde el escenario parece situarse en un punto cero en el que ambos partidos se reconocen una legitimidad que se habían negado. Los populares atribuyen la condición de presidente a Pedro Sánchez, lograda gracias a los pactos con sus socios de investidura, y los socialistas conceden a Alberto Núñez Feijóo el peso de su liderazgo interno, una autoridad en permanente cuestionamiento al dibujarlo como un político débil sometido al ala más dura de su formación.

Las cartas han vuelto a repartirse y los papeles como presidente del Gobierno y líder del primer partido de la oposición han quedado asignados advirtiendo de la llegada de un relato político que augura una legislatura larga. Al margen de las sacudidas que provoque la política catalana sobre la nacional, el pacto del CGPJ, y los otros acuerdos que parecen descubrirse (Banco de España, Consejo de RTVE, Comisión Nacional del Mercado de Valores, etc.), trasladan el deseo por la recuperación de una seriedad institucional que se daba por perdida y que, sin duda alguna, beneficia tanto al país como a Sánchez y Feijóo.

El cuestionamiento permanente de la legitimidad del Poder Judicial, de los jueces y hasta de los procedimientos, colocaba a España en un lugar de desprestigio que establecía una sombra de duda sobre un asunto en exceso manoseado por la política. El parón al que se había sometido al CGPJ, sobre el que la UE había venido expresando su preocupación, implicaba una rebaja implícita de la calidad de las garantías democráticas del país.

La mediación de Europa, inicialmente cuestionada por el explícito fracaso que implicaba la aceptación de la incapacidad para solucionar una cuestión estrictamente doméstica, ha terminado por convertirse en todo un acierto. PSOE y PP han aceptado ese arbitraje dotándolo de una trascendencia que eleva el papel de las autoridades comunitarias. A ojos de la opinión pública, la UE se ha descubierto como ese lugar donde la crispación y las posturas irreconciliables dejan paso al sentido común.

Conviene, en cualquier caso, no equivocarse: no se abre un tiempo nuevo susceptible de mutar hacia una ‘Grosse Koalition’. Las discrepancias y hasta las interpretaciones sobre lo acordado no han desaparecido. Tan solo nos encontramos con una nueva oportunidad que Sánchez y Feijóo se han concedido a sí mismos.