Hace un mes, el ministro de Justicia, Félix Bolaños, y el vicesecretario de Asuntos Institucionales del PP, Esteban González Pons, llegaron a un acuerdo para renovar el Consejo General del Poder Judicial, que lleva cinco años en funciones por el bloqueo de la negociación entre los dos grandes partidos. 

El Gobierno se negaba a aceptar la exigencia del PP de aplicar un nuevo sistema en el que fueran los propios jueces quienes eligieran a los vocales del Consejo. El PP insistía en que la renovación del Consejo fuera posterior a la aprobación del nuevo sistema, aunque con el tiempo se conformaba con que el Gobierno asumiera el compromiso firme de que en un plazo concreto se reformaría el sistema en el sentido planteado por los populares.

Meses atrás, desde Bruselas se advirtió que la situación española era contraria a las normas europeas, y de nuevo empezaron a negociar Bolaños y Pons. Hace un mes, como hemos apuntado, se produjo la fumata blanca. Pero Pons y Bolaños, conforme a las instrucciones de Génova y la Moncloa, decidieron hacer el anuncio después de las elecciones europeas. Se mantuvo en secreto el acuerdo, que no más de una docena de personas conocía.

Hubo enfado de Podemos y el PNV por no haber participado en las negociaciones. Sumar apuntó que ellos sí habían participado, pero tanto en el PSOE como en el PP aseguran que no ha sido exactamente así, que Yolanda Díaz no ha tenido ningún papel, aunque sí hay dos o tres vocales que podrían considerarse cercanos a la izquierda del PSOE. Hubo, por otra parte, quien se preguntó por la anomalía de que el acuerdo no lo firmaran Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, dada su relevancia. Y algunos incluso vieron ahí algo turbio.

No les faltaba razón. Porque no habían transcurrido veinticuatro horas cuando el propio Bolaños anunciaba que el acuerdo no era vinculante, y que había mucho que negociar todavía respecto a la elección de los miembros del Consejo. Nada más conocer las palabras del ministro, Pons advertía de que el acuerdo era inamovible y que si el Gobierno no aceptaba el sistema de elección que se había pactado, el PP rompía el compromiso al que habían llegado.

No fue lo peor. No pasó mucho tiempo sin que trascendiera que, por exigencia de Junts y de Puigdemont, el Gobierno eliminaba de la Ley de Enjuiciamiento el artículo relativo a la presentación de cuestiones prejudiciales ante el Tribunal de Justicia de la UE. Asunto clave para los independentistas, pues el Tribunal Supremo no descarta que la aplicación de la amnistía pueda suspenderse por la presentación de prejudiciales. Y también el Tribunal de Cuentas ha anunciado que acudirá a las instancias europeas en relación a la amnistía de los delitos de malversación.

La reacción de las autoridades europeas no se hizo esperar, aunque también lo ha hecho el PP como principal partido de la oposición y como firmante del acuerdo sobre el Consejo General del Poder Judicial. La UE ha explicado que las leyes y decisiones del Tribunal de Justicia de la UE prevalecen sobre las leyes y decisiones de los tribunales de los países miembros, y por tanto, si se presentan recursos o cuestiones prejudiciales ante el Tribunal Europeo, es obligado suspender cualquier decisión hasta conocer el pronunciamiento de ese alto tribunal.

Resumen: una vez más el Gobierno ha engañado, o ha intentado engañar a aquellos con los que firma acuerdos y pactos, aunque se trate de pactos de Estado como el del CGPJ. Segundo, la Unión Europea ha recordado a Sánchez quién toma determinadas decisiones cuando se forma parte de la UE. Tercero: La Moncloa está hoy en una lucha simultánea con los socios que le exigen trato de favor, con las autoridades judiciales europeas… y con el PP. Esto último forma parte del comportamiento habitual en las democracias, las tensiones entre el gobierno y el principal partido de la oposición. Pero aseguran en Génova que Feijóo está decidido a no permitir que el Gobierno se salte nuevamente las decisiones de la Justicia. Esta vez ya no se trata solo de la Justicia española, sino que Sánchez pretende tomarse la europea a título de inventario.