El Gobierno nos coló ayer dos pillerías legislativas, introduciendo dos pequeñas reformas legales, que le interesan sobremanera por motivos más bien partidistas, en sendas normas de asuntos más generales y que nada tienen que ver con esas reformillas. 

Por descontado, no es el primer Gobierno que recurre a este tipo de trapaceros disimulos, sino que se trata de una práctica común a todos los gobiernos, si bien eso no le añade ni un ápice de elegancia. Así, el BOE publicaba ayer el Real Decreto-ley 4/2024, de 26 de junio, ‘Por el que se prorrogan determinadas medidas para afrontar las consecuencias económicas y sociales derivadas de los conflictos en Ucrania y Oriente Próximo y se adoptan medidas urgentes en materia fiscal, energética y social’, inabarcable título que cobija algunas de esas dádivas con las que el Ejecutivo se las da de generoso rebajando ivas y otros impuestos para maquillar la inflación. Y en ese decreto iba metido, de matute, un párrafo que modificaba la Ley de Enjuiciamiento Civil, derogando el artículo 43bis, sobre las llamadas ‘cuestiones prejudiciales’, que molestaba a los independentistas catalanes porque podría dificultar que se les aplique la ley de amnistía. Con el chapucero agravante de que ese artículo 43bis había sido introducido por el mismo Gobierno hace apenas seis meses. Una cesión más y un caso de legislación de ida y vuelta según soplen los vientos. Por otro lado, el Congreso aprobó ayer, con una exigua mayoría, la llamada Ley de Paridad, en la que el PSOE y Sumar habían introducido, como de rondón, una enmienda que nada tiene que ver con el equilibrio entre los sexos. La enmienda priva al Senado de la posibilidad que tenía desde hace más de diez años de vetar el ‘techo de gasto’, un trámite previo a la elaboración de los Presupuestos. El Gobierno, que también ayer mismo dio el primer paso para la elaboración de las cuentas de 2025, se quita así de en medio un molesto obstáculo. Lo que no garantiza, ni mucho menos, que vaya a conseguir que se aprueben los Presupuestos del próximo año, algo que dependerá de una muy complicada negociación con sus exigentes socios de investidura. Y eso, si es que se atreve a presentar el proyecto, porque con los del presente año ni siquiera tuvo la gallardía de remitirlos al Congreso.

(Puede consultar aquí todos los artículos escritos por Víctor Orcástegui en HERALDO)