No somos pocos los que deseamos el encaje de Cataluña en una España plural y respetamos su singularidad. Lo que no tenemos tan claro es si eso ha de ser a costa de reformar el sistema de financiación autonómica y de ofrecer a nuestros vecinos un trato privilegiado. 

"Cataluña no puede ser la tercera en aportar recursos al Estado y la decimocuarta a la hora de recibirlos", ha declarado Salvador Illa, candidato socialista a la presidencia de la Generalitat, asegurando que ese reparto "no es justo". Lo justo –sin duda desde los postulados socialdemócratas que debería defender Illa– es que quien más tenga más aporte, sin que haya que resarcirle por ello. Los impuestos que paga Amancio Ortega no son para que luego éste reciba un trato especial y distinto (como Illa cree que merece Cataluña) al de aquellos otros ciudadanos que contribuyen con menos, sino para conseguir que la Seguridad Social nos atienda a todos cuando lo precisemos, para mejorar la educación pública, para tener mejores pensiones… La justicia social y la solidaridad son esto, y lo demás se parece al socialismo como un huevo a una castaña. Que los independentistas catalanes exijan gestionar plenamente sus recursos lo entendemos todos. Pero que la socialdemocracia española olvide su ideal igualitario y redistribuidor y permita agravios comparativos entre comunidades (cuántos años llevamos esperando en Aragón una justa financiación) no parece casar demasiado con lo que han sido tradicionalmente los valores de la izquierda. Y si llega el momento, el aragonesismo de izquierdas, ya que no lo hace el socialismo, deberá dar respuesta a lo que sería un nuevo menosprecio a las demandas históricas aragonesas solo para favorecer a nuestros poderosos vecinos.

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