El diccionario de la RAE muestra dos acepciones para el vocablo ‘despilfarro’. La primera es "gasto excesivo y superfluo" e indica que tiene como sinónimos "derroche, dilapidación, dispendio, prodigalidad" y como antónimo "ahorro". La segunda acepción, etiquetada como ‘desusada’, dice: "destrozo de la ropa u otras cosas, por desidia o desaseo". 

No entra en nada más, ni menciona las diferencias de sujetos al conjugar el verbo, algo que, aunque parezca irrelevante, tiene su sustancia. No da igual quién es el protagonista ni dónde se actúa.

Si quien despilfarra lo hace con sus dineros, bienes o tiempo, ¡luego se lo encontrará! Basta recordar la fábula de la hormiga y la cigarra. Cada uno ha de ser responsable de sus actos. Igual que ‘sarna con gusto no pica’… ¡derroche, dilapide!, siempre que después no pida ayuda. Así, que cada quien haga lo que le dé la gana. Llevado al extremo, podría decirse que, si uno tiene una casa y decide incendiarla, pues con su fuego se lo cocine. Como si quiere derribar el palacio más hermoso heredado de sus antepasados o cortar a cachitos el cuadro de su bisabuela o, si fuera el caso, de Andy Warhol. Sobre los bienes ajenos, nada se puede decir, salvo que estén protegidos o afecten a otras personas.

No obstante, toca matizar. Si quien despilfarra es un familiar, se vive de forma distinta al despilfarro de un desconocido. El primero seguro que termina afectando por hache o por be. El segundo depende de la proximidad. Cuanto más lejos emocionalmente, menos conmueve. Pero si un vecino entra en una espiral destructiva, por mero interés propio conviene estar al tanto e incluso ayudar a cambiar esa dinámica. Es tan obvio como difícil… y más en una sociedad donde parece que sólo hay que dar consejos si se piden y donde cada quien ha de preocuparse sólo de lo suyo, incluso cayendo en lo ‘de la omisión del deber de socorro’. La cosa es complicada. Por un lado, importa poco que un millonario se arruine por haber despilfarrado. Pero, por otro, estamos obligados a socorrer a quien está desamparado y en peligro manifiesto grave.

¿Qué pasa cuando se despilfarra en las administraciones y entidades públicas? Tenemos ejemplos abundantes. Con la pólvora del rey, es decir, en democracia, con el dinero de todos, se dispara sin complejos. Como si a nadie importase. De hecho, consultando a colegas juristas, estrictamente hablando, el despilfarro público es un problema bien identificado, pero no un delito. Nieves Sanz catedrática de derecho penal, escribía en 2017: "Es urgente un concepto de perjuicio patrimonial público, de modo que, sin llegar al extremo no deseado de etiquetar como malversadora cualquier infracción de la normativa de ejecución presupuestaria, sí acoja los supuestos más flagrantes de despilfarro de fondos públicos, incluso cuando éstos tengan un destino también público. Gastos inoportunos, inapropiados o excesivos y que producen un grave daño al servicio al que fueron destinados. […] que sonrojarían a cualquiera con un mínimo de ética". Y cabe añadir, sentido común.

La sala de hidroterapia de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Zaragoza, por decisión de la decana y con la anuencia del rector ha comenzado a derruirse. Son unos cientos de miles de euros. Se ha hecho sin consenso, sin debate y sin exponer con claridad cómo se hará para sustituir ese recurso material en la memoria de verificación del grado y cómo cumplirá con los requisitos de los planes de estudios conducentes a la obtención de los títulos de grado que habilitan para el ejercicio de la profesión de fisioterapeuta (Orden CIN/2135/2008). Mejorar y cuidar las instalaciones es una obligación de un buen gestor, dilapidar lo que hay por mera inquina, no.

Chaime Marcuello Servós es profesor de la Universidad de Zaragoza

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