Que algo tan medular para el funcionamiento del Estado de las autonomías como es la financiación de las comunidades pueda acabar definiéndose, o condicionándose decisivamente, después de un decenio procrastinando, a salto de mata, en función de las negociaciones para la formación de un gobierno regional da una idea tremenda del grado de desarticulación, incoherencia e improvisación que ha alcanzado la política española, incluso en los asuntos más trascendentes. 

Pero eso es lo que parece que está dispuesto a aceptar el PSOE con tal de mantener alguna opción de convertir a Salvador Illa en presidente de la Generalitat de Cataluña. Ya puede intentar explicar la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría (¡ay, qué papelones le toca hacer a nuestra socialista y cómo tienen que doler en su corazón de aragonesa!), que es posible dar a Cataluña una financiación "especial" sin menoscabo para las demás regiones, que los ciudadanos del resto de España tenemos todo el derecho de estar escamados: no nos lo tragamos, vaya. Ahí está ya el aviso, serio, de Chunta Aragonesista de que retirará su apoyo al Gobierno de Sánchez si se aprueba un trato privilegiado para Cataluña. Y ojo que, tal como está configurado el Congreso actual, un único diputado puede hacer o deshacer leyes, presupuestos y aun presidentes. Pero es que además, no se puede dudar de que a muchos socialistas aragoneses, castellano-manchegos o valencianos, por poner tres ejemplos, les va a costar mucho, pero que mucho dar por buenos los argumentos del Ejecutivo. El Gobierno PSOE-Sumar ha ido desarmando al Estado frente a la amenaza secesionista contra la Constitución. Desarme jurídico, con la eliminación del delito de sedición y la reforma del de malversación; desarme político y moral, con la amnistía. Ahora le toca el turno al desarme fiscal, que puede convertir al Estado, a España, en una entidad mendicante, dependiente de lo que hayan de darle en Pamplona, Vitoria y Barcelona.

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