Teresa Ribera y las normas
Teresa Ribera nació en 1969, es licenciada en Derecho; ganó plaza por oposición al Cuerpo Superior de Administraciones Civiles del Estado, y ha desempeñado diversos cargos en los gobiernos de Rodríguez Zapatero, desde 2004, y en 2018 fue elegida por Pedro Sánchez ministra de Transición Ecológica. Ha impartido clases en la Universidad Autónoma de Madrid, pero no es doctora.
No he visto que nadie haya relacionado a Ribera con el ‘caso Castor’, prolongado conflicto que se inició sobre 1996, bajo el PP, y se cerró en 2019, ya ocupando la ministra su cargo actual. Se proyectó una plataforma marina, construida cerca de Vinaroz, en la costa de Castellón, aprovechando una antigua explotación petrolífera que se pretendía que almacenase una gran cantidad de gas natural para situaciones de emergencia o desabastecimiento. La obra era compleja pues el almacén de gas tenía que situarse a más de 1.700 metros de profundidad, a 22 kilómetros de la costa, y se requería un gasómetro o tubería submarina de 30 kilómetros. El impulso decisivo al proyecto se lo dio Rodríguez Zapatero con el Decreto 855/2008, teniendo a Miguel Sebastián de ministro de Industria.
La decisiva declaración de impacto ambiental se dio en 2009, siendo Ribera secretaria de Estado de Cambio Climático, pese a que el Observatorio del Ebro (organismo del CSIC) había avisado del posible riesgo de sismos en la zona y recomendado mucha precaución. Los pequeños sismos se acabaron produciendo en efecto, y ello acabó abortando toda la operación y condujo en octubre de 2019 al sellado definitivo de los pozos. La propietaria de la plataforma era la empresa de capital extranjero Escal UGS pero participó en la obra alguna empresa española. El Gobierno de Rajoy había obligado a la empresa Enagas a indemnizar a la propietaria con 1.350 millones de euros. Pero una demanda de varios bancos españoles al Estado fue estimada por la sentencia del Tribunal Supremo de 21 de diciembre de 2017, por lo que al Estado le salió cara esta obra fracasada, con responsabilidades compartidas entre el PP y, en mayor medida, el PSOE. Hubo varios procesos penales a diversos responsables de la tramitación del expediente administrativo y a especialistas de la empresa ACS, aunque fueron todos absueltos. No creo que Ribera tuviera responsabilidad en este caso, como no fuera, de ella y del Gobierno que decidió la obra, en la elección de los asesores y personas que llevaron adelante este proyecto, muy desacertado y claramente fracasado.
Durante el ministerio de Ribera se han dictado dos decretos que, debido a una investigación sobre los pecios que he debido realizar, me he tenido que estudiar. Ambos, aunque en materias difíciles, son muy defectuosos. El primero es el Decreto 371/2020, de 18 de febrero, sobre las extracciones de pecios, y en desarrollo de la Ley de Navegación Marítima de 2014. El Decreto tiene fallos garrafales. Uno de ellos, que carece de una lista de infracciones administrativas tipificadas, lo que deja en la práctica impotentes a la Armada y la Guardia Civil para vigilar y sancionar las búsquedas clandestinas que a veces intentan en aguas españolas empresas recuperadoras de pecios, mal llamadas ‘cazatesoros’. El otro es el Decreto 150/2020, de 28 de febrero, sobre planes para las cinco demarcaciones marítimas españolas. El texto no es en verdad un Decreto. Es minúscula su parte normativa (cuatro artículos y dos disposiciones adicionales). Es un anexo o documento tecnocrático que describe, en 228 páginas de BOE de letra pequeña, objetivos o planes de lo que acaso podrá hacer en el futuro la Administración. Asombrosamente, no menciona nunca el Decreto la extensa Ley de Navegación Marítima de 2014 ni el Convenio de Derecho del Mar de la ONU hecho en Jamaica en 1982, y suscrito por 169 países (España también), y por la UE, donde se regulan, con rango superior al Derecho español y aun al europeo, la protección ambiental y la pesca marítima y cuanto sea importante y suceda en los mares. Además, Ribera no parece percibir que su mensaje ‘Más Europa’ es incoherente con el pacto de su partido con todos los otros partidos separatistas españoles o defensores de la autodeterminación. La UE se basa en Estados.
José Luis Moreu Ballonga es catedrático de Derecho jubilado
