El Tribunal de Cuentas advirtió el pasado mes de diciembre de que 281.358 trabajadores por cuenta propia recibieron indebidamente ayudas para hacer frente al cese de actividad durante la pandemia e instaba a revisar su tramitación. 

Como consecuencia, se calcula que más de 2.000 autónomos aragoneses han recibido una notificación de embargo por importes que rondan los 2.000 euros de media. Si las ayudas no se ajustaban a los parámetros es lógico que se reclame su devolución, lo que resulta criticable es que se haga cuatro años después de la crisis del coronavirus.

El año 2020, al colapsarse la actividad económica en todo el mundo por las estrictas restricciones para luchar contra la pandemia, se tuvieron que improvisar medidas para proteger a los autónomos. Si el ERTE fue el mecanismo de protección diseñado por el Estado para los trabajadores por cuenta ajena, el de los autónomos fue la prestación por cese de actividad. Los afectados por el cierre de sus negocios accedieron así a unos ingresos inmediatos a cambio de una declaración responsable. Ahora, el Tribunal de Cuentas ha advertido de numerosas irregularidades, como cobrar las ayudas sin estar dados de alta como autónomos, recibirlas al mismo tiempo que otra prestación incompatible o no estar al corriente del pago de cuotas a la Seguridad Social. Está claro que la supervisión de estas ayudas es imprescindible, pero lo que es rechazable es que se esté llevando a cabo tanto tiempo después de haberlas recibido. En estos cuatro años, no son pocos los autónomos que se han jubilado o que ya no continúan con su actividad o que ahora no pueden justificar la caída de ingresos. Cuando empezaba a ser un oscuro recuerdo, felizmente superado, la pandemia vuelve a golpear a miles de autónomos en todo el país.