Afectado por su decisión de adelantar la convocatoria electoral como mejor fórmula para frenar a la ultraderecha, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, reconocía que será necesario gobernar de manera diferente. Sin detallar dónde residen esas diferencias, con sus palabras asumía que no era uno, sino muchos los errores cometidos y que el desapego en forma de voto de castigo registrado en las elecciones europeas contenía un enorme malestar popular.

Mientras Francia se debate entre la ruptura y la búsqueda de una reformulación política, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, recibía a los miembros del G-7 envuelta en un liderazgo producto de los nuevos vientos que recorren Europa. Las fortalezas francesa, alemana y estadounidense, esta última sacudida por la experiencia de un trumpismo muy presente en la sociedad americana, se reconocían frágiles en las fotografías de la cumbre.

La democracia liberal, principal valor del que se enorgullece Europa, registra señales de rechazo. Macron, que parece haber entendido la urgencia del mensaje procedente de las urnas, se opone a los pactos «contra natura» a derecha e izquierda pero, igualmente, considera imprescindible sumar a «centristas, socialistas, ecologistas, democristianos o gaullistas que no se reconocen en la fiebre extremista», aunque nada garantiza que esta unión sea suficiente.

El mal que aqueja a Francia y recorre Occidente se resume en la idea de la existencia de una amenaza permanente; un desafío intimidatorio con múltiples caras que no solo queda formulado en una cuestión territorial o fronteriza, sino que se comprende como una dudosa convivencia con el presente. Las amenazas, las incertidumbres, adquieren dimensión por la falta de liderazgo y ante la pérdida de una estabilidad económica y emocional que se expresa en permanente construcción.

La formulación de todas estas amenazas se ha convertido en el gran reclamo político del populismo. La extrema derecha europea ha descubierto en el miedo a la incerteza una gran veta electoral y, en paralelo, campañas como la diseñada por el presidente Pedro Sánchez han sabido erigirse sobre el temor a las respuestas de este radicalismo.

En España, la falta de una preocupación compartida respecto a las grandes cuestiones que afectan al país, priorizándose los asuntos que únicamente entorpecen la gobernabilidad de quien ostenta el poder, nos ha llevado a que tras las elecciones europeas la principal tarea del Ejecutivo sea la investidura de Salvador Illa como presidente de la Generalitat. Para ello, el PSOE, por boca de la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, no ha tenido reparo alguno en dejar claro que «las cuestiones singulares» que esgrime Cataluña le permiten «un tratamiento especial». Montero, que además de un modelo de financiación propio para Cataluña y ajeno a la Constitución está dispuesta a condonar una deuda de 15.000 millones, ignora al resto de las autonomías al apostar por un desequilibrio territorial que rompe el principio de igualdad. Nuevamente, la amenaza ante la pérdida de un marco de seguridad y certidumbre actúa como un factor de inestabilidad que desorienta y discrimina. Agitado el avispero en interés personal, huyendo de los acuerdos que agrupan a las fuerzas centristas, parece que se pretenda alentar a los extremos.