Fieles al principio constitucional de que todos los españoles tienen los mismos derechos y obligaciones en cualquier parte de territorio del Estado (art. 139), Aragón y otras comunidades han criticado abiertamente a la vicepresidenta primera del Gobierno central, María Jesús Montero, por afirmar que las "cuestiones singulares" que tienen algunas autonomías como Cataluña "tienen que tener un tratamiento especial" en materia de financiación. 

La Moncloa quiere amarrar los votos de los independentistas catalanes, pero tiene que tener muy claro que para mantenerse en el poder no todo vale.

El Ejecutivo PSOE-Sumar ofrecerá a la Generalitat una "financiación singular" que tenga en cuenta las "características, razones históricas y orografía" de la comunidad, y negocia ya con ERC la condonación de 15.000 millones de euros que pactó con esta formación en la investidura de Pedro Sánchez. Así lo ha adelantado Montero, que, no obstante, ha puntualizado que este tratamiento singular debe acordarse junto al resto de autonomías. A nadie se le oculta que las demandas del independentismo son múltiples y con una prioridad tan clara como peligrosa para la supervivencia del modelo territorial español: un ‘cupo catalán’, semejante al vasco.

Llegan estas inquietantes declaraciones en plena negociación para la formación del Gobierno catalán, con el socialista Salvador Illa tratando de conseguir los apoyos necesarios para alcanzar la presidencia de la Generalitat, y apenas unos días después de entrar en vigor la ley de amnistía. Es decir, que las cesiones del Ejecutivo siguen adelante tanto para impulsar a Illa como, sobre todo, para que Sánchez puede mantenerse en la Moncloa. Estas concesiones minan la igualdad de los españoles y rompen otros de los consensos básicos construidos en la Transición.