Un pacto independentista ha evitado que el PSC, que ganó las elecciones catalanas, ejerza la presidencia del Parlament y se la ha entregado a Josep Rull (Junts), uno de los líderes del ‘procés’ que cumplió tres años de prisión y fue posteriormente indultado. 

La Mesa de Edad ha optado por desoír al Tribunal Constitucional (TC) y ha permitido la delegación del voto de Carles Puigdemont y Lluís Puig, ambos diputados de Junts que residen en Bélgica para rehuir la acción de la justicia española. Cataluña regresa así a un escenario inquietante de incumplimiento de las leyes.

Desde el inicio de la sesión constitutiva de la Cámara catalana, el PP y Vox han manifestado su rechazo a que se contabilizaran los votos de Puigdemont y Puig porque así lo ordenó hace tan solo unos días el TC. El tribunal advirtió de que la norma que permitía usar la vía telemática a los diputados huidos ha sido eliminada del ordenamiento jurídico. Sin embargo, el presidente de la Mesa de edad, Agustí Colomines, ha decidido sumarlos. Este acto de desobediencia al Alto Tribunal ha permitido que la segunda institución de Cataluña esté liderada por un independentista.

El Gobierno impulsó hace doce días la aprobación definitiva de la polémica ley de amnistía en el Congreso de los diputados con el argumento de que serviría para "la normalización institucional, política y social en Cataluña" y que la bondad de la amnistía habría que medirla por sus efectos políticos. La primera prueba de la deslealtad de los secesionistas a quienes beneficia la amnistía llegó inmediatamente a través de unas desafiantes declaraciones de carácter rupturista. La segunda prueba ha llegado ahora por la vía de los hechos al desobedecer al Constitucional.