La Dirección General de Desarrollo Rural del Gobierno de Aragón esta sometiendo a información pública los criterios que permitirán identificar los suelos agrícolas en los que se podrá autorizar la implantación de plantas de generación de energías renovables. El plazo de presentación de alegaciones finaliza el 18 de junio de 2024, y creo que esos criterios se pueden mejorar sustancialmente para perjudicar lo menos posible a los agricultores o a los propietarios de las tierras.

Hay cierta polémica con la idea de que la energía fotovoltaica rivaliza en espacio con la agricultura, pero un sencillo cálculo muestra que esa rivalidad no tiene razón de ser porque tenemos suelo para todos los usos.

Según el Instituto Nacional de Estadística, en 2020 en España había casi 24 millones de hectáreas de superficie agrícola utilizada, es decir, de terreno donde se practican una o varias actividades agrícolas o ganaderas. Por otro lado, el nuevo Plan Nacional Integrado de Energía y Clima fija como objetivo para 2030 la instalación de 57 gigavatios de energía fotovoltaica en suelo.

Dividiendo la superficie prevista por las grandes plantas fotovoltaicas proyectadas en España (según el perímetro vallado del parque) entre la energía que podrían generar, se obtiene que cada megavatio de potencia instalada ocupa de media dos hectáreas de terreno.

En base a estos cálculos, las plantas fotovoltaicas necesarias para generar esa energía ocuparían 114.000 hectáreas, el 0,5% de esos 24 millones de hectáreas agrícolas. Por tanto, no se puede decir que la energía solar fotovoltaica quite espacio a la agricultura. Es lo que apuntan diferentes expertos ante el argumento de que la fotovoltaica amenazaba a las explotaciones agrícolas: hay suelo para todo, sin perjudicar al agricultor, al propietario y al medio ambiente.

En 1958 España ingresó en el Fondo Monetario Internacional. Esa entrada supuso el fin de la autarquía y se renunció a la intervención del Estado en la economía. Desde 1959, España es un país de libre mercado, su sistema económico está basado en la propiedad privada de los medios de producción.

Como ciudadano español y europeo, estoy de acuerdo en respetar la flora, la fauna y el medio ambiente en su conjunto. También creo necesario ordenar la instalación de las energías renovables. Pero igualmente exijo que se respete a los propietarios de las tierras para que sean ellos quienes decidan libremente a qué las destinan.

La Administración ni puede ni debe condenar a un agricultor o propietario a cultivar viñas, olivos o melocotoneros por el hecho de que sus parcelas estén dentro de una denominación de origen. Como tampoco puede impedir que, por poseer una finca de regadío, un agricultor o un propietario no pueda instalar energías renovables, sobre todo si la Administración no ha subvencionado la puesta en marcha de ese regadío.

Hay que respetar las decisiones de los propietarios, por eso estamos en un país libre. De lo contrario, ¿cómo llamarían a España?

Gracias a las energías renovables, llegan a nuestra Comunidad empresas como Amazon, Microsoft, Box2bit y otras, llenándose la boca del Gobierno de Aragón cuando anuncia sus grandiosas inversiones y la creación de miles de puestos de trabajo.

La Administración no puede condenar a los agricultores o a los propietarios de sus tierras a no poder disponer de ellas libremente obligándoles a cultivar lo que no desean. Ellos las decisiones las toman buscando la rentabilidad para dar de comer a su familia.

Lo que debe hacer la Administración es preguntarse por qué firman todos los agricultores para que en sus tierras se instalen energías renovables. Lo que se carga la agricultura es la emergencia climática, no las placas solares.

La margen derecha del Ebro está desertizada como consecuencia del tercer año consecutivo de sequía. Dejemos al agricultor que diversifique su economía respetando sus decisiones tomadas libremente y que pueda disponer de parcelas con diferentes cultivos y otras con energías renovables. Los alquileres de las tierras para instalar energías renovables acaban a los 30 años, el terreno se recupera y no se ha estresado durante ese tiempo.

Francisco Compés Martínez (PSOE) es alcalde de Almonacid de la Sierra