El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha citado a declarar como investigada a Begoña Gómez el próximo 5 de julio. La convoca por la presunta comisión de los delitos de corrupción en el sector privado y tráfico de influencias, dentro de las diligencias abiertas por la relación profesional de la mujer del presidente del Gobierno con diversos empresarios. 

Con independencia del proceso judicial y en cuanto que tiene un evidente trasfondo político, Pedro Sánchez debe a la ciudadanía una explicación que vaya más allá de sus reiteradas excusas de que todo es una "campaña de fango".

Begoña Gómez se ha convertido en la primera mujer de un presidente del Gobierno español en ser citada a declarar ante un juez como investigada por presunta corrupción. El magistrado ha tomado la decisión porque aprecia indicios de delito. Sus sospechas se centran en el apoyo brindado por la esposa del presidente a una Unión Temporal de Empresas (UTE) que lideraba un amigo, el empresario aragonés Carlos Barrabés, que obtuvo una adjudicación millonaria. Desde el PSOE y Sumar se ha criticado al juez instructor Juan Carlos Peinado, pero lo cierto es que la Audiencia de Madrid ya le dio su aval para investigar este caso.

La ministra portavoz, Pilar Alegría, ha mostrado la indignación del Gobierno al trasladar la "extrañeza" con la actuación del juez, a la vez que ha manifestado su confianza absoluta en que el caso quedará "en nada". Quizás sea así, eso lo dirá la Justicia en su debido momento. No obstante, el asunto ya se ha convertido en un problema político de primer orden, que atañe directamente a Pedro Sánchez. En todas las democracias existen unos códigos de conducta básicos cuya ruptura no tiene por qué implicar una responsabilidad penal, pero sí ética y política.