Agricultura y ganadería en la encrucijada
Los agricultores y ganaderos de la Unión Europea, entre ellos los de España, están en la calle desde enero de 2024 para reclamar precios remuneradores, el fin de los tratados de libre comercio y una justa política agraria común (PAC), así como la reducción de las cargas administrativas.
En Europa hay actualmente alrededor de nueve millones de explotaciones agrícolas. En 2003 había quince millones. La edad media de los agricultores europeos es de 57 años y hoy están luchando, siguen luchando, por acceder a semillas, tierras, aguas y mercados. Las políticas públicas priorizan los intereses del mercado y las ganancias corporativas de la gran distribución, principalmente, frente a los derechos humanos de quienes producen los alimentos y el derecho a la alimentación de quienes los consumen.
Los límites del sistema actual, del desarrollo de la industrialización de la agricultura y, en particular, de la ganadería, y de los engañosos mecanismos de subvención de la PAC son cada vez más evidentes. El cambio climático se está acelerando y los agricultores son los primeros en pagar el precio. Sin embargo, frente a una situación cada vez más desfavorable, los campesinos siguen aportando soluciones y esperanza a las poblaciones. Continuamos cultivando un modelo agrícola, alternativo al que nos quieren imponer las grandes corporaciones del agronegocio, basado en la soberanía alimentaria. Pero no por capricho sino porque entendemos que es un modelo capaz de alimentar a toda la población gracias a un enfoque social que permite afrontar las crisis sistémicas y que se adapta mucho mejor a las realidades productivas de cada país y territorio de la UE. Las políticas públicas deben apoyar a los agricultores actuales y permitir la transición hacia modelos sostenibles y fomentar el relevo generacional para que nuevas manos, las de los jóvenes, puedan incorporarse a la profesión.
Y es que la realidad que atraviesan los agricultores, por la que salen a la calle y se manifiestan, es fruto de varias décadas de políticas neoliberales que han agudizado las desigualdades y han socavado el medio ambiente, generando al mismo tiempo, de forma aparentemente contradictoria, una necesidad imperiosa de aplicar medidas agroambientales, que en nuestro sector chocan constantemente con la presión para producir lo más barato posible y ser competitivos en el mercado internacional, sin tener en cuenta siquiera que, como mínimo, los precios de los productos deberían cubrir los costes de producción. Esto nos lleva a una situación en la que solo las grandes empresas del agronegocio, que a su vez controlan, apoyándose en la gran distribución, importantes cuotas de mercado, pueden poner en marcha esas medidas de sostenibilidad y ser rentables al mismo tiempo. El resto o bien no alcanza capacidad suficiente para poder llevarlas a cabo íntegramente, lo que las somete a continuas sanciones, o bien, en la inmensa mayoría de los casos, cuando lo hace no encuentra en el mercado precios que le remuneren al menos lo que ha invertido, condenándolas a su desaparición. Es decir, que las políticas públicas están expulsando del campo a los agricultores para permitir que las grandes corporaciones del agronegocio ocupen todo el espacio y se hagan cada vez más poderosas. Es la agricultura sin agricultores y la irresponsabilidad de dejar el derecho a la alimentación de la ciudadanía en manos de los intereses de unos cuantos capitalistas camuflados en fondos de inversión y grandes industrias.
La novena legislatura del Parlamento Europeo comenzó en 2019 en un ambiente de esperanza y grandes ambiciones. La llegada del Pacto Verde y su estrategia ‘De la granja a la mesa’ y en particular sus objetivos parecían encerrar la promesa de un avance hacia un sistema alimentario sostenible. Sin embargo, en los últimos dos años esas políticas han perdido ambición y contenido sustancial dando paso a la incertidumbre y al miedo. La situación política global y las políticas públicas europeas y estatales se han visto sacudidas por guerras, desastres climáticos y crisis sociales, sanitarias y económicas acompañadas, además, por un discurso político cada vez más simplista, populista y polarizado que ha llevado al ascenso de la extrema derecha en muchos países. Y mientras los agricultores salen a la calle, vemos a dirigentes oportunistas de estas fuerzas también oportunistas de extrema derecha trabajar para apropiarse de la frustración del sector para impulsar su propia agenda, incluyendo la negación del cambio climático, y echando la culpa a los inmigrantes y a las organizaciones agrarias y cooperativas de la situación actual. A esto se suma, además, la presión de las instituciones europeas para impulsar al sector hacia falsas soluciones como la agricultura del carbono o los organismos modificados genéticamente (OMG). La cuestión es si la UE sirve a los intereses de la ciudadanía o a los de las empresas, los fondos buitre y de inversión y a las multinacionales de la alimentación.
El modelo de producción profesional, social y familiar está en crisis permanente. Sufre la competencia desleal de terceros países y a quien se está beneficiando es a las grandes cadenas de distribución, las grandes superficies que están ganando económicamente como no lo habían hecho en los últimos diez años. Y es urgente ponerles coto porque ellos, que son quienes ostentan una situación de poder, son el verdadero adversario de los campesinos. La Ley de la Cadena Alimentaria tiene que garantizar los costes de producción de la agricultura y la ganadería en beneficio de toda la ciudadanía. Y si no intervienen los gobiernos, no tiene solución. Nosotros y nosotras alimentamos al mundo.
Eduardo Navarro Villarreal es representante de COAG en el Consejo Económico y Social de España
