Las intenciones no bastan. Dos leyes autonómicas recientes –la de Derechos Históricos, con severos reproches del Tribunal Constitucional; y la de Memoria Democrática (MD), recién derogada– afean la tradición jurídica aragonesa. 

La de MD defendía a quienes lucharon desde 1936 hasta 1978 por "la democracia y las libertades". Insistía cuatro veces en ello, sin otra acotación. ¿Incluía a quienes proponían alguna clase de dictadura y a los republicanos que delinquieron contra los derechos humanos? Y proscribía la conmemoración o elogio de los "dirigentes" del franquismo, ignorando que todo alcalde en España (9.000 en 1940) fue ‘dirigente franquista’, al ser a la vez ‘jefe local del Movimiento’.

El 16 de mayo pasado, nueve especialistas en Derecho (catedráticos, abogados del Estado, letrados de la Administración y representación del Colegio de Abogados), reunidos a petición del Gobierno de Aragón le informan en un largo texto (19 folios) de que la reciente derogación de la Ley aragonesa de Memoria democrática no es anómala. Añaden que Aragón debe cumplir con la ley estatal de Memoria Histórica y cooperar en la protección de quienes fueron víctimas de las violaciones de derechos humanos cometidas por el régimen franquista entre 1939 y 1975. Para lo que no es precisa una ley propia que, además, es redundante.

La ley española de Memoria Democrática satisface bien los compromisos internacionales del Estado y está concebida para ser aplicada por este. Basta con que las Comunidades Autónomas (CC. AA.) aporten su colaboración administrativa. Por ello no es necesaria (ni la ley lo pide) una ley autonómica (puntos 28 y 29) que, en el caso de la aragonesa, se solapa mucho con la estatal.

De modo similar sucede en materia escolar. La ley estatal ordena incluir en la enseñanza la lucha por los valores y las libertades democráticas y la represión durante la guerra y la dictadura. En la parte de los planes de estudio que corresponde a Aragón, sí puede la DGA disponer lo que crea preciso, pero siempre en el marco de la legislación general.

El legislador no ordenó que las CC. AA. legislaran su propia idea sobre quiénes fueron víctimas, en qué consiste el derecho a la verdad o cómo ha de ser el tratamiento conmemorativo de los casos (punto 30). Aragón, como el resto de las CC. AA., puede aplicar su propia política peculiar en la materia, siempre sujeta a la ley estatal y cooperando con ella.

La ley aragonesa derogatoria mantiene las ayudas ya concedidas y previene que "las Administraciones Públicas faciliten a ciudadanos y asociaciones la búsqueda, exhumación, documentación y honra a las víctimas de la guerra o de la represión, cualquiera que fuera el bando en el que militaran, su ideología o demás circunstancias personales", lo que implica, sin más, incluso el deber de colaborar con las víctimas y sus asociaciones afines.

Los nueve juristas concluyen que la derogación de la Ley de memoria democrática de Aragón, no impide la aplicación en Aragón de la Ley estatal 20/2022, de 19 de octubre. Esta garantiza, en toda España, los derechos de las víctimas de la represión franquista. La DGA, pues, no elude con la derogación "el deber de protección y colaboración que la Administración autonómica debe seguir ejerciendo hacia las víctimas, de acuerdo con el artículo 10 de la Constitución, los principios del derecho internacional y el estatuto jurídico público de las víctimas de la guerra civil y la dictadura franquista regulado en la Ley estatal de memoria democrática" (punto 54). Y desde luego tiene potestad para derogar la ley anterior, pues ya estableció en 2010 el Tribunal Constitucional (TC) que "la reversibilidad de las decisiones normativas es inherente a la idea de democracia". O sea, que una ley aprobada por un parlamento elegido por los ciudadanos puede derogarse por un nuevo parlamento elegido asimismo por los ciudadanos.

El Gobierno, disconforme

Tras consultar al Consejo de Estado, el Gobierno Sánchez ha decidido que la derogación aragonesa sí viola principios importantes y, claramente, el de colaboración de las CC. AA. con el Estado para resarcir a las víctimas de nuestra historia pasada. Por eso, tras un Consejo de Ministros y según ha dicho el de Memoria Democrática, Torres Pérez, ha denunciado a la DGA ante el TC.

El caso, pues, es así: si esta ley aragonesa vulnera o no los principios que ordenan proteger y resarcir a las víctimas de la violencia política ilegítima. El Gobierno Sánchez opina que sí. La apariencia es más bien la contraria. Como el asunto no le urgirá a nadie cuando ya no haya elecciones, en su día se verá.

Por lo demás, en comparación con la afrentosa e infamante Ley de Amnistía, todo esto son meras futesas. Titadas, como se dice en Aragón.

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