Pedro Sánchez compró su investidura a cambio de la amnistía del ‘procés’, pero, una vez aprobada ésta, no hay ninguna prueba de la supuesta convivencia que iba a traer, sino que ha intensificado la discordia. El día de su aprobación en el Congreso ya se escuchó a los independentistas que su nueva exigencia es el referéndum de autodeterminación. El día siguiente ha traído, por una parte, la amenaza de Junts a Sánchez de poner fin a la legislatura si no inviste a Puigdemont presidente de la Generalitat; por otra, la constatación de la división interna dentro del PSOE.

El presidente de Castilla-La Mancha, el socialista Emiliano García-Page, ha anunciado que inicia los trámites para recurrir la amnistía al Tribunal Constitucional porque la ley es «una agresión al concepto de igualdad» y porque «el perdón no se contrata a cambio de un chantaje». Se suma así a autonomías gobernadas por el PP que también han anunciado el recurso, como Aragón, Madrid, Andalucía, Comunidad Valenciana, Castilla y León y Cantabria. Las Cortes aragonesas votarán, asimismo, la presentación de otro recurso. Todas estas iniciativas, singularmente la de García-Page, ponen en entredicho una apuesta clave de Pedro Sánchez en la recta final de la campaña para las elecciones europeas.

La amnistía a la carta, concedida a cambio del apoyo parlamentario de sus beneficiarios y redactada a medias con ellos, representa el pecado original de esta legislatura. Ahora, la convalidación de la medida de gracia por el Congreso hace efectivo un vergonzoso intercambio de impunidad a cambio de votos. Si, como reclama el Gobierno, hay que medir la bondad de la ley de amnistía por sus efectos políticos, por ahora las evidencias dejan claro que el primer balance es nefasto.