La cortesía política concede a los primeros cien días de cualquier nuevo Gobierno la generosidad de verse acompañados por un cierto ralentí. 

Por definición, no existe ningún traspaso de poderes sencillo, por lo que entre la composición de los equipos y el esfuerzo por descubrir dónde se encuentran los papeles transcurre el inicio de una legislatura. Al año, no existe espacio para las excusas: cualquier Ejecutivo debe estar carburando en condiciones más o menos óptimas para mostrar las líneas de la que será su actuación política. La rivalidad entre Gobierno y oposición suele aparecer, tal y como está ocurriendo en Aragón y siempre que exista esa fortuna, ante los grandes anuncios, por la discusión sobre si lo hecho público formaba parte de la siembra del anterior Ejecutivo o es propiedad exclusiva del actual. Sin demasiadas dudas sobre a quién beneficia la comunicación de los últimos proyectos empresariales que tienen previsto ejecutarse en la Comunidad, a nadie se le escapa que ninguna inversión multimillonaria se teje en unos pocos meses. La diligencia y la tramitación de las facilidades siempre son patrimonio de quien las practica, al igual que la última autorización que sanciona una instalación.

Cada una de estas inversiones debería estar ayudando a definir aquello en lo que se convertirá Aragón en los próximos años. La fuerza que imprimen los millones de euros que acompañan a estos proyectos puede resultar un argumento difícil de rebatir, aunque no está de más que se tenga claro si primero fue el huevo o la gallina; si todas las iniciativas presentadas encajan con un modelo de crecimiento estratégico previamente diseñado donde el talento contribuye a mejorar la riqueza colectiva (no solo la económica) de los aragoneses.

Pelearse por la propiedad de un anuncio, por su autoría, no deja de mostrar la medida exacta de la política que se practica. Todo traspaso de poderes implica, más allá de las carpetas repletas de documentos, la entrega de los esfuerzos empeñados y las expectativas futuras.

Cada cambio de gobierno, cada relevo electoral, ha terminado por convertirse en una ruptura con el pasado más reciente, en una negación de la herencia recibida que no hace sino ralentizar el crecimiento de un proyecto de Comunidad que debería contar con muchos más puntos en común. El secreto de la defensa del bipartidismo político reside, precisamente, en la creencia de que los diferentes aspectos compartidos que concede la alternancia política son la base de cualquier desarrollo común.

Este primer año de Gobierno, en el que la política nacional se ha colado en los debates locales y en el argumentario de todos los partidos, ha terminado relegando el imprescindible análisis sobre qué Comunidad queremos dejar a nuestros hijos. Sin duda alguna de que ignorar lo que ocurre en el terreno nacional sería una total irresponsabilidad (la recientemente aprobada ley de amnistía habla de la desigualdad de los españoles ante la ley y el posible sistema de financiación para Cataluña implica una amenaza directa al equilibrio territorial), no se puede despreciar el reto que, por ejemplo, representan las nuevas oportunidades que vienen de la mano de todos y cada uno de estos proyectos.

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