La vivienda ha sido posiblemente la mayor laguna que han tenido las políticas sociales y económicas en España y en Aragón desde hace al menos un decenio. El último informe anual del Banco de España señala que en nuestra Comunidad habría un déficit de 21.700 viviendas nuevas en relación con la creación de hogares. 

Da la impresión de que en la esfera política se ha tomado conciencia al fin de la gravedad del problema, pero las medidas adoptadas hasta ahora carecen de coordinación y de impulso suficiente, y a veces son desacertadas.

Según el Banco de España, en Aragón se crearon entre 2022 y 2023 un total de 13.450 hogares (jóvenes que se emancipan, parejas que se unen, personas que se divorcian, etc.), sin embargo solo se terminaron de construir en el mismo periodo 5.930 viviendas. De continuar esta tendencia en los dos próximos años, el déficit de viviendas acumulado sería de 21.700. Aunque la vivienda de obra nueva no es, desde luego, la única opción, el dato apunta a uno de los factores que influyen en las dificultades que muchas personas y familias encuentran a la hora de disponer de un techo, que es una de las necesidades más básicas y que más condicionan, muchas veces para mal, la capacidad de desarrollo personal, económico y profesional. La conclusión sería que, junto con otras medidas para facilitar la compra y alquiler, sobre todo a los sectores de población económicamente más débiles, es necesario facilitar e incentivar la construcción. Es cierto, por otro lado, que hay muchas viviendas vacías, pero en general no están en donde se requieren o no tienen las características adecuadas: en el conjunto de Aragón hay un 15% de viviendas sin uso, pero en Zaragoza solo un 4,6%. Es necesario que las instituciones enfoquen al fin las políticas de vivienda con decisión, con acciones sostenidas y sin demagogia, para llenar una brecha que dificulta un derecho elemental.