Mucho se engaña el que imagine que los resultados de las elecciones catalanas celebradas el pasado fin de semana representan el final de la ‘matraca’ nacionalista, según la certera denominación del primer compañero de celda de Jordi Sánchez (líder de Junts y de la Asamblea Nacional Catalana), que con urgencia pidió el traslado porque no aguantaba su tabarra con el independentismo. 

Los hechos son irrefutables, sean papeletas o pactos. Así, tan cierto es que el ‘procés’ ha muerto como que el nacionalismo chantajista está muy vivo; de hecho, Junts y ERC siguen teniendo la llave de la gobernabilidad de España y de Cataluña. Para que el velatorio y el funeral no sean tan ‘dolorosos’, todos los partidos que durante una década han alimentado el bluf soberanista, y también el ambiguo PSC, reclaman un sustancioso alivio: un nuevo modelo de financiación que beneficie a su Comunidad. Es lo que le han puesto sobre la mesa a Pedro Sánchez para negociar: el concierto catalán (copia del cupo vasco) para que Cataluña pueda recaudar todos sus impuestos y, más importante aún, los reparta. De este modo se vuelve al origen del mencionado ‘golpe posmoderno’: el dinero, la pasta, ‘els dinerets’.

Tras la crisis económica de 2008, Artur Mas ejecutó desde la Generalitat sustanciales recortes presupuestarios que generaron un enfrentamiento con la ciudadanía. Presa del pánico ante la perspectiva de que CiU perdiese el poder en las urnas, optó por enfrentar al ‘pueblo catalán’ con el Estado con la famosa narrativa del ‘España nos roba’. "Todo empezó en 2012, cuando Artur Mas regresó de la Moncloa con la negativa de Rajoy a abordar un pacto fiscal para Cataluña", escribió Lola García en ‘El naufragio’. La Generalitat fue convergiendo entonces hacia el independentismo a la vez que cedía la calle al populismo de organizaciones rupturistas como la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium. El desenlace fue que se saltaron las leyes y se enfrentó a los catalanes, unos contra otros, incurriendo en lo que Michael Ignatieff, que esta misma semana ha obtenido el premio Princesa de Asturias de Ciencias Sociales, ha definido como el peor pecado que se puede cometer en política: la secesión en tiempos de paz, porque fuerza a la gente a elegir entre, por ejemplo, ser catalán o español.

Seis años más tarde, una carambola electoral y las ilimitadas ansias de poder de Pedro Sánchez han dado a los partidos soberanistas otra oportunidad para chantajear al PSOE con la exigencia de un concierto financiero ventajoso. La consecuencia ha sido una intensificación de la estrategia extractiva de los nacionalismos catalán y vasco, avanzando así hacia la configuración, a través de los hechos, de un Estado confederal (nada que ver con el federal), que resultaría letal para la igualdad y la solidaridad entre españoles.

Después de casi medio siglo de democracia, existe peligro de desmantelamiento del Estado. Para evitarlo hay dos caminos. Uno, formar mayorías amplias mediante pactos entre partidos centrales. Otro, que el PSOE y el PP alcancen un acuerdo de mínimos en los temas sistémicos para evitar que el Gobierno de turno quede a merced de pactos ocasionales con partidos pequeños o extremistas que, aunque legales, tienen como prioridad la independencia de su territorio o la abrogación del llamado ‘régimen del 78’, es decir, de un pacto constitucional que ha proporcionado a España el más largo periodo de libertad y desarrollo. 

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