La ‘ley del sí es sí’ debe corregirse
Desde el punto de vista jurídico, es opinión generaliza que la Ley de Garantía Integral de la Libertad Sexual fue mal elaborada por una deficiente técnica legislativa que está permitiendo que se produzcan rebajas de penas en las revisiones de condenas. Antes de su aprobación, el CGPJ ya emitió un dictamen que oponía serios reparos a la ley, pero no se le hizo caso. Desde la óptica política, es un fiasco del Gobierno y de los dos grupos parlamentarios que los sustentan, porque no quisieron frenar las prisas políticas de la ministra de Igualdad, Irene Montero, para asegurar la calidad técnica de la norma y su perfecto encaje en el conjunto del ordenamiento jurídico. Desde el punto de vista social, su aplicación está generando una intensa alarma entre la ciudadanía que exige que el Gobierno asuma sin dilación el error y busque la manera de remediarlo.
Desde que el pasado 7 de octubre entró en vigor la ley conocida como del ‘solo sí es sí’, numerosos abogados de condenados por delitos contra la libertad sexual bajo el anterior Código Penal han obtenido la rebaja de penas que en algunos supuestos contempla la nueva norma. Los jueces actúan en cumplimiento del mandato favorable al reo del Código Penal que obliga a aplicar la legislación que más favorece a los condenados con carácter retroactivo. Los graves fallos de esta ley no se deben, pues, al «machismo judicial», del que habla la ministra de Igualdad, sino a su incompetencia y a su arrogancia política, pues fue advertida reiteradamente desde diversas instancias, empezando por las de los propios jueces.
La reforma de la ley se perfila ahora como la salida menos mala. El presidente Pedro Sánchez no puede ponerse de perfil ante este grave desaguisado legislativo porque, en definitiva, él es el último responsable en cuanto que preside el Consejo de Ministros del que partió el proyecto de ley.
