El objetivo tanto de la Justicia como del Gobierno respecto a Puigdemont debe ser conseguir que cuanto antes sea puesto a disposición del Tribunal Supremo. 

En este sentido, el escrito dirigido por el juez Pablo Llarena al tribunal de Cerdeña resulta claro y contundente. Menos comprensible parece la actitud de la Abogacía del Estado, que obstaculiza la entrega del prófugo. A pesar de las concesiones de Sánchez, los independentistas continúan faltando al respeto a las instituciones del Estado.

El juez del Supremo Pablo Llarena reclamó ayer al Tribunal de Apelación de Sassari, en Cerdeña (Italia), la entrega efectiva de Carles Puigdemot a la Justicia española, en virtud de la euroorden dictada en 2017. Llarena hace hincapié en dos aspectos jurídicamente relevantes. En primer lugar, que dicha orden de detención sigue en vigor, pues solo el propio juez podría anularla, y no lo ha hecho. Y en segundo lugar, que el expresidente catalán no goza de inmunidad, porque le fue retirada por el Parlamento Europeo. No es muy probable que el escrito del juez obtenga el resultado que reclama, pues hay recovecos jurídicos, por acciones ante los tribunales de la UE, de los que podrán valerse los abogados de Puigdemont. Con el agravante de que la misma Abogacía del Estado, que representa a España, sostiene argumentos favorables al prófugo que obstaculizan su rápida puesta a disposición de la Justicia española. Mientras tanto, las concesiones del Gobierno de Pedro Sánchez a los independentistas -como los indultos y la mesa de diálogo- no han servido para que la Generalitat abandone su actitud de desafío y desprecio a las instituciones del Estado, de las que forma parte. Su descortesía volvió a quedar patente ayer, en la inauguración del Salón del Automóvil de Barcelona, con la ausencia del ‘president’ Pere Aragonès en el acto presidido por el Rey. Una falta de respeto institucional que resulta inaceptable.