Cataluña aún no ha encontrado el camino que le permita superar su bloqueo. Ignora cómo trascender y mantiene a toda una generación condenada a permanecer enrabietada por culpa de un desafío fallido. La sociedad, fracturada en dos, solo alcanza a realizar oscilaciones del voto dentro de su mitad. Se potencian las diferencias, los cordones tildados de sanitarios y preocupados por defender extrañas purezas políticas que solo insisten en el bloqueo e imposibilitan toda negociación. Así, en las elecciones de hoy y salvo sorpresa mayúscula, no habrá grandes variaciones. El PSC crecerá sobre lo perdido por Ciudadanos y Junts per Catalunya y ERC actuarán como vasos comunicantes. Los análisis postelectorales hablarán de la ausencia de una ley electoral catalana capaz de ponderar el voto urbano frente al rural o de la siempre activa movilización del secesionismo pero, nuevamente, se habrá desaprovechado una convocatoria a la que se llegó –quizá ahora poco importe– tras la inhabilitación del expresidente de la Generalitat Joaquim Torra. Los votantes, que han visto como hasta la misma fecha de la cita ha estado bailando, llegan al 14-F con escasas esperanzas de cambio (la consultora DYM sitúa en un 61,2 el porcentaje de catalanes que se muestran políticamente pesimistas) y afectados por el ambiente que desprende una presumible baja participación.

Desde que quedara abortada la vía secesionista con la aplicación del artículo 155, el independentismo tan solo ha mostrado un ligero agotamiento. No ha existido un desistimiento colectivo. Pese a que se reducen los porcentajes de respaldo a la ruptura, no existe un claro abandono que invite a pensar en la apertura de una etapa de reconstrucción y superación. Ni los atentados yihadistas de Barcelona, en los que la conmoción social resultó tan poderosa que invitó a pensar en un renovado sentimiento de unidad; ni el juicio a los líderes del ‘procés’, interpretado como un punto de inflexión; ni tampoco ahora con la pandemia de la covid se han logrado introducir los cambios que desatasquen Cataluña. La división política en forma de fractura se mantiene firme. Cataluña, que no es Bélgica ni Escocia, atiende a un histórico y reiterado fracaso político que en los últimos años ha sido alimentado por los diferentes gobiernos de la Generalitat. La situación puede resumirse como un cóctel de promesas reiteradas, algunas de ellas impulsadas desde Moncloa -¿recuerdan aquella frase de Rodríguez Zapatero insistiendo en el respaldo sin límites a la reforma del Estatuto catalán?-, como mejor fórmula para frenar las tensiones secesionistas sin la exigencia del compromiso constitucional. Una reiterada equivocación que invita a cuestionar la legalidad y a la que aún se contribuye cuando el vicepresidente del Gobierno Pablo Iglesias sentencia que "no hay una situación de plena normalidad política y democrática en España cuando los líderes de los dos partidos que gobiernan Cataluña, uno está en prisión y el otro en Bruselas". Iglesias, que muestra un reiterado empeño en menoscabar la reputación democrática del país, alienta desde el Ejecutivo –ante el silencio de Pedro Sánchez- un incomprensible descrédito institucional.

Aunque de todo hay en la política catalana, y más en campaña, tampoco han dejado de sorprender las declaraciones que a modo de esprint final pronunció el líder de los populares, Pablo Casado, quien en la confianza de que podía arrancar unas cuantas papeletas al catalanismo moderado, aseguró que el pasado 1-O no quiso comparecer ante los medios porque no estaba de acuerdo con la estrategia seguida por el presidente Mariano Rajoy. Un giro que busca la distancia, tanto con el caso Barcenas como con la política desplegada en Cataluña, y que ampara a quienes se sienten cómodos observando las contradicciones ajenas.