La crisis sanitaria causada por la covid no puede administrarse rompiendo los principios de solidaridad y colaboración que deben definir al Estado autonómico. El estado de alarma respalda las medidas que limitan derechos fundamentales.

La naturaleza gestora que define nuestro Estado autonómico, válida para el día a día y que ha garantizado elevadas cotas de crecimiento por su criterio de proximidad, necesita de un refuerzo en situaciones de emergencia. La grave crisis de la covid-19 demanda una actuación conjunta administrada directamente desde el Gobierno central y el Congreso de los Diputados, un mando basado en la colaboración con las autonomías con energía suficiente como para construir un paraguas legal que conceda validez y coherencia a las medidas adoptadas. En la anterior fase de desescalada se entregó a las comunidades la responsabilidad de guiarnos hacia la ‘nueva normalidad’, una anhelada arcadia dentro de la distopía que hizo descansar en las autonomías no solo el peso de la gestión sanitaria que ya habían desplegado, sino el control en solitario ante futuros rebrotes. El virus, como se ha venido repitiendo, no entiende de lindes ni fronteras, y sin desatención ni ausencia de combate, las autonomías han peleado desde su territorio con escasos planteamientos compartidos dictados por el Ministerio de Sanidad.

Las autonomías han buscado regular, bajo su particular criterio y oportunidad, las normas y restricciones pensadas para frenar la enfermedad, surgiendo un variado abanico de propuestas que, en ocasiones, han chocado con los tribunales. En cada uno de los territorios las respuestas de los jueces han sido distintas -la coincidencia hubiera resultado extraña-, generando un desequilibrio que, aparte de desatar diferentes tensiones políticas, ha permitido que el virus se multiplique con mayor facilidad.

El argumentario legal de las administraciones regionales para restringir un derecho fundamental como es la libre circulación de las personas ha variado desde la apelación a la ley de salud pública de 1986, norma que debería haber sufrido una urgente reforma, hasta las órdenes autonómicas. En Aragón, la decisión del Ejecutivo de Javier Lambán, adoptada tras sufrir repetidos reveses por el TSJA, ha sido la de armar una compilación de medidas en torno a un decreto ley. Esta iniciativa, a la que el Gobierno cuatripartito le ha otorgado todo el peso del control de la pandemia, "evita -tal y como explicaba en estas mismas páginas la constitucionalista de la Universidad de Zaragoza Eva Sáenz Royo- el control del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, ya que la norma tiene rango de ley y solo el Tribunal Constitucional puede entrar a cuestionarla". Con el empleo de este giro, la DGA ha buscado librarse, en el supuesto de que se presente un recurso, de cualquier medida de freno, aunque en paralelo se obvió que "la única legislación que especifica la limitación de la libertad de circulación con las consiguientes condiciones de garantías -a juicio de Sáenz Royo- es la Ley Orgánica de los Estados de Alarma, Excepción y Sitio". La interpretación más responsable fija en este decreto ley la inmediata y prioritaria defensa por parte del Ejecutivo de la salud de los aragoneses, un empeño sobre el no cabe duda alguna, aunque nada extraño hubiera ocurrido si, al igual que ya han hecho otras autonomías, se hubiera solicitado la declaración del estado de alarma para garantizar todo amparo. Es aquí donde aparece la interpretación política y cuando se descubre el posible temor ante el desgaste que la aplicación en solitario podría haber generado ante la opinión pública. Nada de extraordinario tiene esta cautela que, por otro lado, es la misma que ha mostrado Pedro Sánchez. El estado de alarma, que requiere de su renovación por el Congreso, exige de un ejercicio de negociación que, tal y como se recordará, degeneró en fuertes tensiones políticas en la pasada primavera. De los respaldos casi unánimes se pasó a buscar la negociación con Bildu, un incomprensible movimiento que colocó al PSOE en el centro de todos los ataques.

Sánchez, que en su comparecencia televisada del pasado viernes dejó claro que no estaba dispuesto a activar el estado de alarma sin una reclamación mayoritaria de las autonomías, aprobará hoy la medida (salvo cambio de última hora) en un Consejo de Ministros extraordinario tras haber acumulado varías peticiones. En cualquier caso, el presidente deberá administrar la demanda lanzada por varias comunidades relativa a una gestión individual de la pandemia en su territorio, sin la necesidad de la existencia de un modelo compartido para toda España. La terrible crisis sanitaria que estamos sufriendo no puede gestionarse rompiendo los principios de solidaridad y colaboración que deben definir al Estado autonómico, lo contrario complicaría sobremanera la lucha contra la pandemia.

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