La central térmica de Andorra apura sus horas finales como infraestructura de producción de energía eléctrica. Anoche dejó de quemar carbón y reserva sus últimas toneladas hasta que el Ministerio para la Transición Ecológica decrete su cese definitivo o hasta que, remotamente, sea requerida de forma puntual por necesidades del mercado. Mientras tanto, el Ministerio que encabeza Teresa Ribera sigue sin cumplir el compromiso que adquirió: firmar el convenio de transición justa, clave para el futuro de Andorra.

La cuenta atrás para la central de Andorra sigue inexorable, agotándose el plazo para el cierre y desmantelamiento. Desde ayer, la planta está desacoplada de la red eléctrica y así permanecerá, salvo caso de extrema necesidad. Esta crónica de un cierre anunciado, pero nunca suficientemente justificado sino es por la falta de voluntad de Endesa (ahora en manos del grupo italiano Enel), no tiene su correlato en la acción del Gobierno para lograr que el final de la instalación tenga el menor impacto socioeconómico en la comarca. Después de tanto tiempo, es inaceptable que siga sin firmarse el convenio de transición justa, llamado a compensar las graves consecuencias que tendrá el fin del carbón en el territorio, y sin avances en la elevación de aguas del Ebro, clave para atraer nuevas empresas.

Sorprende la celeridad en desactivar la térmica sin contar todavía con el convenio de transición justa, al que ya se comprometió el anterior Gobierno de Pedro Sánchez. A pesar de las dificultades para formar el Ejecutivo, el plan es una necesidad ineludible y un compromiso del Gobierno de España que no cabe ir aplazando mientras se avanza con tanta precipitación en los trámites de cierre y de demolición. El final de la térmica tendrá unas consecuencias sociales y económicas que, si no se toman medidas compensatorias suficientes, serán catastróficas para toda la comarca andorrana.