Ocio y Cultura

Fidel Cadena y Javier Zaragoza: "Cumplir las leyes es la mejor forma de normalizar Cataluña"

Los fiscales aragoneses reciben el premio HERALDO a los Valores Humanos y el Conocimiento

Javier Zaragoza y Fidel Cadena, en las escaleras de la Fiscalía General del Estado.
Enrique Cidoncha

¿Podrían elegir un solo momento de sus dilatadas carreras?

Javier Zaragoza. No puedo decir uno solo. En San Sebastián fueron años muy difíciles, los de plomo de ETA. Luego la Operación Nécora en la Fiscalía Antidroga, el juicio de los atentados del 11 de marzo… Es verdad que me siento muy satisfecho de que, siendo jefe de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, ETA pusiera fin a la actividad terrorista.

Fidel Cadena. Intervine en el recurso de casación del 11-M y he sido Fiscal Jefe de la Sala Penal durante bastantes años. Son experiencias muy gratificantes. Pero la mejor de todas es la intervención en el ‘procés’. Por la categoría humana, profesional, jurídica inigualable de mis tres compañeros, de Consuelo Madrigal, de Jaime Moreno y de Javier Zaragoza. Es la etapa de más esplendor, además, para la carrera fiscal, porque colocamos al Ministerio Público en una cota muy alta de autonomía e independencia.

J. Z. Fue, sin duda, el juicio más importante de la historia de la democracia española. Y, efectivamente, los cuatro compañeros intervinimos con una sensibilidad jurídica y una independencia que mejoró muchísimo la imagen del Ministerio Público. Es algo que ahora está en tela de juicio por todo lo que está sucediendo.

¿La amnistía es un golpe a aquel proceso o busca la reconciliación como dice el Gobierno?

J. Z. De la ley de amnistía y de la reconciliación en Cataluña no hablaba nadie antes de las elecciones del 23 de julio. Ya estaba normalizada y se hacía lo que es básico en una democracia, cumplir con las leyes, que es la mejor forma de normalizar Cataluña. La amnistía de 1977 estaba justificada por un tránsito de un régimen sin libertades a una democracia. Aquí estamos hablando de ataques a la legalidad democrática. Es una medida, además, cuya motivación es un relato construido al margen de lo que realmente sucedió en esos meses en Cataluña y que afecta a principios, valores y derechos constitucionales.

Los independentistas dicen que lo volverán a intentar.

F. C. Toda la comunidad jurídica se ha pronunciado sobre las dudas de aplicación de la ley y sus problemas de inconstitucionalidad. La expresión ‘lo volveremos a hacer’ implica que el fin pretendido de la amnistía, que es la reconciliación y la restauración del orden jurídico, no se han conseguido. La política debe estar siempre supeditada a la ética y en ella no caben las razones utilitaristas del mal menor, pues como decía nuestro paisano Gracián, todo mal menor da paso a grandes males mayores.

¿Qué papel debe jugar Aragón en el proyecto nacional?

J. Z. Aragón tiene un pasado histórico impresionante, que contribuyó decisivamente a la creación de la España moderna y que sigue apostando decididamente por ese proyecto común de democracia, desde el entendimiento y el diálogo. Y lo hace gobierne quien gobierne. Lo hizo Javier Lambán y lo mismo sucede ahora con el presidente Azcón. No vamos a tener una Constitución más avanzada que la actual. Cualquier camino que se inicie, como está sucediendo, para tirar abajo la Constitución, hay que evitarlo. Y Aragón colaborará siempre en este proyecto común.

F. C. El Reino de Aragón, extenso por doquier, contribuyó con ese desprendimiento que es propio de los aragoneses a la creación de algo común. Y su derecho lo reforzó, porque el derecho de Aragón es absolutamente básico para entender la realidad del ordenamiento jurídico español.

¿Cómo valoran el pacto para la renovación del CGPJ?

F. C. Este país necesita puentes y no muros. Ese acuerdo de las dos fuerzas políticas más importantes del país debe ser bendecido. Me parece muy acertado en cuanto a los nombramientos y a las personas elegidas.

J. Z. Era absolutamente imprescindible renovarlo y hacerlo en las mejores condiciones posibles. Parece que se ha logrado un acuerdo que responde a una voluntad de llegar a unos principios mínimos en materia judicial.