La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha defendido este martes a Isabel García tras su cese como directora del Instituto de las Mujeres. Así, ha dicho que le parece que ha sido una "trabajadora estupenda" y una "buena colaboradora".

"Me parece que ha sido una trabajadora estupenda, una buena colaboradora en estos meses que hemos tenido oportunidad de trabajar juntas, y yo le agradezco el esfuerzo y también le agradezco su sinceridad a la hora de exponer su situación, que ha sido también de acuerdo con ella el dejar esa responsabilidad", ha asegurado Redondo en declaraciones a los medios a su llegada al Congreso de los Diputados, donde se debate este martes la Ley de Paridad.

En este sentido, Redondo ha recalcado que "se han hecho las cosas como deben hacerse, se ha dado tiempo para que se explicara, era importante también escucharla a ella y la decisión se ha tomado y se publica cuando tiene que publicarse".

Además, ha dicho que se ha dado una alternativa a esa dirección del Instituto y que, a su juicio, "se ha actuado de forma impecable". "No voy a hacer leña del árbol caído", ha aseverado.

Igualmente, preguntada por si entiende que García ha cometido "errores", la ministra ha dicho que es ella quien tendrá que explicarlo. "Yo no soy quien para explicarlo. Yo la he escuchado a ella. Creo que es ella la que tiene que dar su versión y la valoración que hace, creo que nosotros hemos tomado las decisiones pensando en el buen funcionamiento del instituto y en que no haya ninguna sombra de dudas de que las políticas de igualdad son una auténtica prioridad para este ministerio y que vamos a hacer todo lo posible para que avance y, sobre todo, para que avancen los derechos de las mujeres", ha matizado.

Finalmente, ha expuesto que espera que Isabel García tenga una "estupenda" salida, "lo más digna posible" y que defienda su "honorabilidad".

El Gobierno ha cesado este martes a Isabel García como directora del Instituto de las Mujeres días después de que se hiciese pública que la empresa que comparte con su mujer recibió al menos 64 contratos de puntos violeta con ayuntamientos del PSOE, por los que habría facturado alrededor de 250.000 euros. García será sustituida por Cristina Hernández, cuyo nombramiento se aprobará este martes en Consejo de Ministros.

García denuncia una "cacería"

Por su parte, Isabel García ha denunciado este martes, tras su cese como directora del Instituto de las Mujeres, una "cacería larvada" desde su nombramiento por "no compartir una visión íntegra de la Ley trans". Así lo ha expresado en un comunicado difundido en X, recogido por Europa Press, en el que ha defendido la legalidad de los contratos por la empresa que comparte con su mujer para la instalación de puntos violeta en municipios socialistas.

En su comunicado, ha lamentado que su cese "venga provocado por pseudoinformaciones periodísticas que presentan torticeramente hechos ilícitos y hacen pasar el estricto cumplimiento de la ley por utilización tramposa para encubir un lucro ilícito que, por supuesto, no es tal".

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Por ello, ha anunciado que "hará valer" todos sus derechos y acciones "para dejar claro" que su conducta y la de su esposa "se ha ajustado siempre a derecho". "Por eso no he dimitido, porque tengo la conciencia muy tranquila de no haber utilizado nunca mi cargo para enriquecerme, ni poco ni mucho", ni para favorecer a su pareja por "sus actividades que venía desarrollando con anterioridad" a que García asumiera el cargo y que "no dependen por mí o por personas de mi entorno".

Ha lamentado, asimismo, el "injustísimo daño" que debe asumir en su actividad profesional "quien no ha hecho nada ilícito, por la sola circunstancia de que su cónyuge sea alto cargo" y ha recordado que nadie ha llevado a ningún juzgado "esos presuntos escándalos, ilegalidades o irregularidades" de lo que se le acusa.

Por ello, ha denunciado "una cacería -de caza menor, pero cacería-" con ella, que, en su opinión, "ha estado larvada" desde su nombramiento "por no compartir una visión íntegra de la ley trans" y ha sido "espoleada ahora por sectores que pretenden deslegitimar las políticas de igualdad desde el ámbito público y privado".