El TC se prepara para exculpar a Griñán y el resto de cargos del PSOE del caso de los ERE
Abre una vía para exonerarlos de malversar los 700 millones del caso que tumbará las sentencias de la Audiencia de Sevilla y el Supremo.
El fraude en la gestión de los Expedientes de Regulación de Empleo andaluces que derivó en uno de los mayores casos de corrupción de España, con la condena a dos presidentes de la Junta y del PSOE -José Antonio Griñán y Manuel Chaves- y destacados responsables de sus gobiernos, está a punto de recibir el carpetazo del Tribunal Constitucional (TC). La corte de garantías se apresta a desmontar por completo las sentencias inculpatorias de la Audiencia de Sevilla y del Tribunal Supremo. Una enmienda a la totalidad de calado por la dimensión penal del caso y sus consecuencias políticas, que enzarzan a los socialistas y el PP. Los populares han dado el paso de acusar a Pedro Sánchez de utilizar la mayoría progresista en el TC como "puerta trasera" para los indultos a los que no se habría "atrevido".
Después de haber abierto el camino a anular en todos los casos la prevaricación con el fallo sobre la exconsejera y exministra Magdalena Álvarez, el pleno del TC debatirá la semana que viene -y muy probablemente aprobará- un borrador que vaciará las condenas a que en él se propone exonerar a Carmen Martínez Aguayo, ex número dos de Griñán en la Consejería de Economía y Hacienda, del delito principal encausado: el de malversación de fondos públicos, que rozaron los 700 millones.
El principal beneficiario de esta nueva doctrina, además de otros cargos socialistas, será Griñán, que ahora sí que quedaría libre de toda pena dado que fue condenado por malversación en concurso medial con prevaricación, lo que le supuso una pena de seis años de prisión y 15 de inhabilitación absoluta que aún no ha sido ejecutada debido al tratamiento oncológico al está siendo sometido.
A Martínez Aguayo, el fallo del Constitucional -si se aprueba el borrador tal y como está- no le servirá de mucho. Fue condenada a seis años de cárcel por malversación y prevaricación e ingresó en prisión en diciembre de 2022. Solo ha accedido al régimen de semilibertad este junio, tras pasar año y medio en el centro penitenciario sevillano de Alcalá de Guadaíra. La ponencia de sentencia -adelantada por El Español y confirmada a este periódico por diferentes fuentes- ha sido elaborada por la vicepresidenta del TC, la progresista Inmaculada Montalbán, la misma que redactó la referida a Magdalena Álvarez. El texto de Montalbán subraya que tanto la Audiencia como el Supremo hicieron un control "constitucionalmente vedado" de los anteproyectos y proyectos de ley de Presupuestos de Andalucía, que luego derivaron en iniciativas legislativas que, a su vez, fueron las que fueron usadas para el reparto de ayudas sociolaborales irregulares por 679,4 millones.
En esencia, se trata del mismo argumento que la corte empleó la semana pasada para echar por tierra la condena de los ERE en lo que se refiere a la prevaricación: los proyectos legislativos en los que participaron los condenados ni son "resoluciones" ni "asuntos administrativos", por lo que no generan "efectos jurídicos" cuyas consecuencias puedan ser enjuiciadas penalmente. Se trataría, según el criterio de Montalbán, de "meros actos preparatorios o de trámite del proceso legislativo que compete al Parlamento", cuya fiscalización es "altamente incompatible con la separación de poderes" que consagra el artículo 66.2 de la Constitución.
Bajo esta premisa, el borrador interpreta que los tribunales no pueden bajo ningún concepto controlar la fase preparatoria de unos Presupuestos. Y una vez aprobados estos, "las leyes presupuestarias no pueden constituir la fuente de actos de disposición ilícita de caudales públicos a efectos de condenar por delito de malversación" a personas concretas.
"Íntegra nulidad" del caso
La propuesta, que muy probablemente tendrá los votos a favor de la mayoría progresista como ya ocurrió con el amparo a Álvarez, no pone en duda la ilegalidad de "concretas aplicaciones" de las ayudas de los ERE y que estas fueron a personas que nunca habían pertenecido al colectivo de trabajadores al que debían ir destinadas. Pero el borrador insiste en que no se puede demostrar que la número dos de Griñán -y por extensión el resto de los condenados por malversación, incluido el expresidente de la Junta- tuvieran conocimiento de que esas ayudas "se fueran a conceder al margen de toda finalidad pública".
Así las cosas, la ponencia propone declarar la "íntegra nulidad" de las sentencias del Supremo y de la Audiencia sevillana respecto al delito de malversación por vulneración del principio de legalidad penal y del derecho a la presunción de inocencia, sin devolver las actuaciones. El pleno del TC estudiará el recurso de Aguayo a partir del 2 de julio y los de los otros cuatro condenados en prisión: el exconsejero de Empleo Antonio Fernández; el de Innovación Francisco Vallejo; y los antiguos altos cargos Jesús María Rodríguez y Miguel Ángel Serrano. La impugnación de Griñán, que no está encarcelado por el cáncer que padece, se verá el 16 de julio, así como el recurso de Chaves contra sus nueve años de inhabilitación por prevaricar.
