Cataluña pone en marcha el reloj electoral en vilo por el futuro judicial de Puigdemont
La investidura encalla mientras el instructor del Supremo debe resolver si amnistíao no al expresident
Las cuartas autonómicas en Cataluña en una década no van a derivar este miércoles, primera fecha obligada para convocar la sesión de investidura, en la elección ni de Salvador Illa ni de Carles Puigdemont para presidir la Generalitat.
Mes y medio después de que el PSC lograra el 12-M una victoria histórica sobre el nacionalismo al dejarle sin la mayoría absoluta que sumaba desde 1984, pero insuficiente para amarrar por sí solo el Govern, la situación política catalana ha vuelto a encallar y su incertidumbre de alto voltaje amenaza la continuidad de una legislatura española intoxicada por el virus de la inestabilidad.
Los focos apuntan al intento del presidente Sánchez de ganarse a Esquerra con un, por ahora, evanescente compromiso para un pacto sobre financiación que reconozca el carácter "singular" de Cataluña sin romper el marco autonómico común; y a la otra presión sobre los republicanos -la que ejerce Junts- para forzar una repetición electoral con una lista única del secesionismo. Pero el elefante en la habitación es la ejecución de la amnistía que pende del Tribunal Supremo.
Aunque no es la primera vez que el Parlamento catalán resuelve 'in extremis' en estos años la elección del jefe del Govern, el imprevisto tras el 12 de mayo ha sido que tanto Illa como Puigdemont hayan renunciado a ser investidos en el primer intento fijado forzosamente este miércoles 26 de junio. Habrá pleno pero no votación para la presidencia de la Generalitat. Una resolución firmada por el presidente del Legislativo, el dirigente de Junts Josep Rull, hará las veces de investidura fallida y pondrá en marcha una cuenta atrás que tiene otro hito en el horizonte, el lunes 26 de agosto, como límite para designar al jefe del Govern.
Con el Parlament cerrado la primera quincena de ese mes y los escollos existentes para forjar un acuerdo que derive en una mayoría consistente -en el caso de Illa, con ERC y los comunes-, el sentir general es que los plazos se apurarán al máximo. Para entonces, y según los ritmos que le imprimieron el Gobierno y los secesionistas, la ley de amnistía ya debería estar encarrilada. Pero con los jueces ha topado la norma.
"Son más retorcidos que un tornillo", define, entre indignado y inquieto, un cargo de Esquerra al ser preguntado por las expectativas del independentismo ante la decisión que ha de tomar ya el instructor del Supremo. El 11 de junio, el día en que la ley que borra las causas vinculadas al 'procés' entró en vigor en el BOE, Llarena dejó constancia de que la orden de detención nacional que pesa sobre Puigdemont por malversación agravada y desobediencia sigue vigente y dio cinco días a las partes para que fijaran posición sobre esas medidas cautelares que, según la ley de amnistía, habrían de levantarse ya.
El magistrado, cuya resolución podría consumarse en torno al pleno del Parlament, ya tiene sobre la mesa los informes: la defensa de Puigdemont, la Abogacía del Estado y la Fiscalía han pedido que se exonere al expresident, que se ha cuidado de cumplir su promesa de que cruzaría la frontera para asistir a la investidura.
¿Sin ir a Europa?
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha hecho prevaler su jararquía sobre el criterio de los cuatro fiscales del 'procés', que creen que Puigdemont no puede ser exculpado de la malversación acogiéndose a las propias excepciones de la ley de amnistía. Una tesis que haría innecesario presentar una cuestión prejudicial ante Europa, que engarza con lo que dictaminó en julio pasado la Sala de Apelación del propio Supremo para mantener viva la orden de arresto contra el líder de Junts y a la que podría acogerse Llarena.
El independentismo, y con él el Gobierno, contiene el aliento sin pronósticos y sin querer dar por frustrada ya la exculpación ni de Puigdemont ni de Oriol Junqueras, que continúa inhabilitado justamente por la malversación por la que fue condenado y de la que no le indultó Sánchez.
La decisión sobre cómo repercute la amnistía en los líderes del 'procés' sentenciados en 2019 compete a la Sala de lo Penal del Supremo que dirige Manuel Marchena. Pero aquí no acaba el proceloso devenir procesal para los responsables de la intentona rupturista, singularmente en lo que se refiere a Puigdemont. Porque aún tiene abierta en el alto tribunal, en su condición de aforado, la investigación por presunto terrorismo en el 'caso Tsunami Democràtic' y está a punto de ver cómo otro instructor en Barcelona eleva su imputación por supuestamente traicionar al Estado con sus relaciones con Rusia.
Es este el contexto judicial que envuelve la determinación de Illa y de Puigdemont de dejar pasar el caliz de una investidura para que la que ninguno tiene hoy apoyos. La llave la retiene ERC, que se la está jugando a la exigencia a Sánchez de un concierto económico 'a la vasca'. Pero la suya es una posición envenenada, con el partido hundido en las urnas y ensimismado en las cuitas internas que pretende solventar en su congreso de noviembre. Hostigada políticamente por unos y otros, Esquerra difícilmente podrá escabullirse de cerrar filas con Puigdemont si la amnistía no se aplica y ello implica que el líder de Junts pueda ser detenido suponiendo que regrese a Cataluña, un paso con el que amaga sin terminar de dar.
En la dirección republicana no creen que el PSOE esté en disposición de ofrecer una propuesta que le satisfaga. Y mucho menos que seduzca a su militancia, con ganas de dejarse oír. Unas bases beligerantes a aupar a Illa no solo si no media un acuerdo sobre la soberanía financiera, sino porque lo consideran el líder del PSC menos catalanista y más conservador.
