Una amnistía a distintas velocidades
El mapa de las 82 causas abiertas por el 'procés' y los primeros pasos sobre la ejecución de la ley anticipan diferentes recorridos a los afectados.
El pasado martes, pocas horas después de la publicación en el BOE de la ley de amnistía, los juzgados y tribunales activaron la maquinaria para estudiar su aplicación o inaplicación en las 82 causas vinculadas al 'procés' que han saturado la política catalana en los últimos años. Pese a que a esa misma mañana se puso el foco en los autos dictados por el Tribunal Supremo, tanto por el magistrado Pablo Llarena como por la Sala que juzgó y condenó a los 12 líderes independentistas en octubre de 2019, otros órganos ordinarios de Cataluña abrieron ese día la puerta a examinar el encaje de los procedimientos menos mediáticos pero igualmente relevantes.
Frente a las resoluciones salidas del alto tribunal que afectan a la situación procesal de los líderes de Junts y ERC, Carles Puigdemont y Oriol Junqueras, un juzgado de Barcelona (Instrucción número 7) preguntó ese mismo martes a las partes sobre el borrado penal de unos hechos que lleva siete años investigando. Se trata de la responsabilidad de 46 agentes de la Policía Nacional que están procesados por delitos de lesiones y contra la integridad moral por las cargas contra los votantes del referéndum ilegal del 1 de octubre de 2017.
La defensa de nueve de los policías contestó apenas un día después al juzgado que se les aplique la amnistía ya que, "en ningún caso", sus clientes participaron en actos de torturas y tratos inhumanos o degradantes, dos de los supuestos excluidos para aplicarles el olvido penal.
![El portavoz y vicesecretario de Cultura del PP, Borja Sémper, a su llegada a un pleno en el Congreso de los Diputados, a 13 de junio de 2024, en Madrid (España). El Congreso debate hoy las enmiendas a la totalidad de devolución planteadas por los grupos Junts per Catalunya y Vox sobre el Proyecto de Ley de creación de la Oficina Española de Derechos de Autor y Conexos, uno de los primeros proyectos legislativos del ministro de Cultura. Si se rechazan dichas enmiendas, ambas iniciativas continuarán su tramitación en comisión...13 JUNIO 2024;CONGRESO;PLENO;LEY;MINISTRO DE CULTURA;MADRID..Gabriel Luengas / Europa Press..13/06/2024 [[[EP]]]](https://imagenes.heraldo.es/files/image_320_180/uploads/imagenes/2024/06/15/el-congreso-debate-la-devolucion-de-la-ley-de-la-oficina-de-derechos-de-autor-del-ministro-de-cultura.jpeg)
Este contraste de hechos, de protagonistas y su repercusión dibujan a la perfección las distintas velocidades con las que ya se tramita el encaje de la ley. Los dos meses que disponen los juzgados y tribunales afectados para meter el bisturí en sus causas.
En la vía lenta ya circulan oficialmente los procedimientos contra los máximos responsables del 'procés' en el Supremo y los sumarios de Tsunami Democrátic y los CDR en la Audiencia Nacional. Ambos van camino de enmarañarse y es muy factible que la pelota acabe en el tejado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) en forma de cuestión prejudicial, planteada por los magistrados españoles para que sus colegas de la corte de Luxemburgo les digan o no si los delitos de malversación y terrorismo afectan a los intereses de la Unión o vulnerar sus directivas.
El mejor ejemplo ha sido la alta tensión que ya ha generado en la Fiscalía la posibilidad de amnistiar la malversación a Puigdemont o Junqueras por los gastos de la consulta del 1-O. Precisamente, mañana se reúne la Junta de Fiscales para debatir las discrepancias entre el fiscal general y los cuatro acusadores en la causa del 'procés'. Álvaro García Ortiz considera que sus compañeros confunden el "ánimo de lucro" que exige este delito con el "enriquecimiento personal de carácter patrimonial" de aquellos hechos que no se pueden amnistiar según la ley.
Todo un embrollo judicial que no se puede desligar de la situación política que vive Cataluña, inmersa en las negociaciones partidistas con la vista puesta en la sesión de investidura a presidir la Generalitat del próximo 25 de junio. Un marco que plantea una incógnita sobre si el juez Llarena levantará finalmente las medidas cautelares contra Puigdemont (tal y como dispone la ley), que mantiene su idea de sortear la orden nacional de detención y acudir a la sesión del Parlament.
486 potenciales beneficiarios
En una vía a velocidad moderada se encuentran las causas que se tramitan en el Tribunal Superior de Cataluña, la Audiencia Provincial de Barcelona o el Juzgado de Instrucción número 13 de esta ciudad, en la que están implicados segundos eslabones políticos del 'procés' por su presunta responsabilidad penal en los preparativos y gastos del referéndum ilegal de octubre de 2017.
Pese a que la ley de amnistía busca perdonar de manera general los episodios vínculos al conflicto independentista desde el 1 de enero de 2012 hasta el 13 de noviembre de 2023, la presencia del delito de malversación en estas causas hace que estos órganos miren de reojo a las decisiones que se tomen en el Supremo. La Fiscalía, por ejemplo, sí tendrá una posición común sobre los gastos del 1-O tras el decreto de García Ortiz de 133 páginas conocido el pasado viernes.
Finalmente, la mayor parte de los juzgados implicados en los 82 procedimientos vinculados al 'procés', con 486 encausados, según datos del Ministerio Público, no tendrán mayor inconveniente en aplicar la amnistía por tratarse de hechos delictivos que no ofrecen dudas según el texto legal: desórdenes públicos, daños, desobediencia, resistencia y atentado a la autoridad o lesiones. No obstante, la Fiscalía General ya avanzó que no apoyará el borrado de aquellas causas (al menos cuatro) que incluyan otros delitos que no sean amnistiables, por ejemplo los de odio.
