Nacional

Prostitutas celebran el rechazo a la ley del PSOE contra el proxenetismo y feministas dicen que es "decepcionante"

"El PSOE no tiene ni autoridad moral ni credibilidad para legislar sobre prostitución desde un ángulo prohibicionista viendo su historial", aseguran.

Concentración de un grupo de trabajadoras del sexo, organizada por #StopAbolición, con motivo de la toma en consideración en el Congreso de la proposición de ley de modificación del Código Penal para prohibir el proxenetismo en todas sus formas.
FERNANDO ALVARADO

Prostitutas del Colectivo de Trabajadoras Sexuales han celebrado el rechazo del Congreso a la ley del PSOE para prohibir el proxenetismo, mientras que feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han dicho que es "decepcionante".

"Era una cortina de humo para tapar los casos de sus puteros y puteras, que hay muchos", han asegurado prostitutas del Colectivo de Trabajadoras Sexuales en declaraciones a Europa Press sobre la proposición socialista que se ha debatido este martes en la Cámara Baja.

En concreto, la iniciativa, que ha dividido al Gobierno, ha contado con 122 votos a favor (PSOE y BNG), 36 abstenciones (Vox y Podemos) y 184 en contra (PP, Sumar, ERC, Junts, EH Bildu y PNV).

En este sentido, desde el colectivo se han mostrado "muy satisfechos" con el resultado porque han asegurado que han trabajado "mucho". Asimismo, han trasladado su satisfacción porque ven que los partidos políticos "empiezan" a tener en cuenta al colectivo. "Hay muchos compañeros que han sufrido mucho, que tenían un miedo atroz", han afirmado.

Igualmente, han destacado que "el PSOE no tiene ni autoridad moral ni credibilidad para legislar sobre prostitución desde un ángulo prohibicionista viendo su historial". Además, en cuanto al modelo que querían adoptar los socialistas, han recalcado que no solo no mejora la calidad de vida de las personas que ejercen el trabajo sexual, sino que "empeora" sus "condiciones vitales".

Por su parte, feministas de la Alianza Contra el Borrado de las Mujeres han indicado en declaraciones a Europa Press que "es decepcionante ver que la mayoría parlamentaria tiene prioridades que siguen favoreciendo la explotación de las mujeres".

En esta línea, han añadido que lo visto en la tribuna del Congreso "pone de manifiesto las contradicciones de una izquierda que se pretende feminista pero que es incapaz de votar en contra del proxenetismo".

"Hay que recordar a los grupos que han bloqueado la iniciativa que luchar contra los intereses de quienes se lucran con la prostitución ajena es un imperativo ético y un compromiso ratificado por España en diferentes Convenios Internacionales compromiso que, sin embargo, quedó desactivado con las reformas de 1995 y de 2015", han subrayado para agregar que España "debe adentrarse en la senda de Suecia, de Francia y de los países que están apostando por combatir con rotundidad la explotación sexual de las mujeres y las niñas".

También han animado a los dos grupos mayoritarios de la Cámara a buscar un acuerdo "para que las minorías representadas en el Congreso no sigan siendo claves en el sostenimiento del sistema prostitucional".  "Insistimos: no se puede ser feminista y defender la explotación sexual de las mujeres, como pretende determinada izquierda", han concluido.

Tres cambios en el Código Penal

La iniciativa socialista pretendía modificar varios artículos del Código Penal para endurecer el castigo al proxenetismo en todas sus formas. En concreto, el texto modificaba el artículo 187.2 para subir la pena de prisión de dos a cuatro años, en lugar de uno a tres que hay ahora, "a quien, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con el consentimiento de la misma".

También cambiaba el 187.3., donde se incluía una nueva letra que añade que "agrava la penas cuando la víctima sea o haya sido esposa, o mujer que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o persona especialmente vulnerable que conviva con el autor".

Finalmente, el último cambio se encontraba en el 187.ter 2., que reflejaba que, en el caso de que la persona que presta el acto de naturaleza sexual fuese menor de edad o persona en situación de vulnerabilidad, se impondrá la pena de prisión de uno a tres años y multa de 24 a 48 meses, en lugar de 18 a 24 meses "para adecuarlo a lo que dispone el Código Penal" (la extensión máxima de la pena de multa no puede superar los 24 meses).