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El decisivo apoyo de Bildu a la Ley de Memoria ensancha la brecha entre el Gobierno y el PP

ERC, por su parte, critica que el proyecto del Ejecutivo resulta "ambicioso" en cuanto a la forma, pero "muy pobre" respecto al contenido.

Patxi López en el pleno extraordinario en el que se ratificó la ley
Efe

El apoyo que recibió este lunes el Ejecutivo que forman PSOE y Unidas Podemos por parte de sus socios en la Comisión Constitucional del Congreso para aprobar el dictamen de la Ley de Memoria Democrática amenaza con socavar aún más la relación con el principal partido de la oposición.

Aunque la realidad es que el Gobierno no cuenta con un aval unánime entre sus principales socios a la hora de sacar adelante la que es una de sus normas estrellas en la actual legislatura. ERC, que se abstuvo en la votación del dictamen, volvió a dejar claro que su intención no pasa por apoyar la norma en el pleno que se celebrará el próximo 14 de julio. "Se queda lejos de ser un texto verdaderamente reparador", aseguraba la diputada Carolina Telechea tras insistir en que el proyecto resulta "ambicioso" en cuanto a la forma, pero "muy pobre" respecto al contenido.

No obstante, el Gobierno sí será capaz de salvar la votación de la Ley de Memoria gracias a los acuerdos de enmiendas alcanzados con socios de la investidura como PNV, PDeCAT o Más País. Aunque el que más polémica ha generado en los últimos días ha sido el que acordaron el Ejecutivo y EH Bildu la semana pasada. La formación 'abertzale' consiguió que los socialistas aceptaran extender la aplicación temporal de la norma de 1978 hasta finales de 1983, incluyendo así los crímenes de los GAL contra ETA. Algo que sucedió cuando el socialista Felipe González llevaba un año al frente del Gobierno.

Precisamente, a esto último hacía referencia Jaime Mateu, diputado del Partido Popular que cargaba contra el Ejecutivo por lo que, a su juicio, supone "una huida hacia adelante". "Se intenta tapar la nefasta gestión de Pedro Sánchez". Otra de las novedades más relevantes tiene que ver con la enmienda transaccional que PSOE y UP acordaron con Más País y el PDeCAT para declarar ilegal el régimen franquista.