El pleno del Congreso ha aprobado este jueves la nueva Ley de la Ciencia, la Tecnología y la Innovación, que ha incorporado numerosos cambios para mejorar la carrera científica y reducir la burocracia y que sale de la cámara sin ningún voto en contra.

La ley garantiza por primera vez una financiación pública "estable y creciente" de la investigación y el desarrollo (I+D) para converger con la media europea y fija, en ese sentido, el objetivo de aumentar regularmente el gasto hasta alcanzar el 1,25 por ciento del PIB en el año 2030.

La nueva Ley incluye un paquete de medidas para reducir la precariedad en el sector (nuevos contratos indefinidos e itinerarios posdoctorales más estables), para retener el talento y tratar de atraer a científicos de prestigio, para reducir la carga administrativa que recae sobre los equipos de investigación, y para agilizar la transferencia de conocimiento a la economía y a la sociedad.

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Entre los cambios más importantes que se han incluido durante la tramitación parlamentaria destacan los dirigidos a mejorar las condiciones del personal investigador de los hospitales y centros del Sistema Nacional de Salud y para que sus carreras profesionales sean equivalentes a las de otros organismos públicos.