historia
Un juez paraliza las obras para exhumar a los hermanos Lapeña en el Valle de los Caídos
La familia muestra su enfado ante la actuación de la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica
El Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 20 de Madrid ha acordado suspender de forma cautelar la licencia de obras concedida por el Ayuntamiento de San Lorenzo de El Escorial a Patrimonio Nacional para exhumar a víctimas enterradas en el Valle de los Caídos al considerar que se podrían producir daños irreparables antes de que se entre en el fondo del recurso interpuesto por la Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica.
Así consta en un auto del pasado 16 de noviembre, al que tuvo acceso Europa Press, en el que la jueza Eva María Bru Peral acuerda adoptar la medida cautelar de suspensión del Acuerdo de 24 de junio de la Junta del Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial por el que se resuelve conceder a Patrimonio Nacional licencia urbanística para rehabilitación de accesos a las criptas de la Basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos otorgada por el citado Consistorio.
«Estamos muy enfadados y cabreados con lo que nos puede provocar esta decisión de la juez», reaccionó ayer Miguel Ángel Capapé, familiar de los hermanos Lapeña. Los dos aragoneses fueron fusilados en 1936 por los franquistas. Los enterraron en el cementerio de Calatayud, pero acabaron siendo trasladados en 1959 al Valle de los Caídos sin la autorización de su familia.
El abogado Eduardo Ranz, que representa a los hermanos Lapeña y a otras diez personas que van a ser exhumadas por el equipo dirigido por el forense Francisco Echevarría, lamentó esta decisión judicial, porque «va a suspender, pero no evitar» estas labores. «Va a suponer un retraso temporal, no una situación definitiva», precisó el letrado, quien relacionó a la asociación recurrente con la extrema derecha.
Licencia urbanística
Patrimonio Nacional solicitó la licencia urbanística el pasado mes de abril al Ayuntamiento de San Lorenzo del Escorial para iniciar los trabajos de exhumación e identificación de las víctimas inhumadas en las criptas de la basílica de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y que han sido reclamadas por sus familiares.
La Asociación por la Reconciliación y la Verdad Histórica solicitó la suspensión alegando el «derecho fundamental a la intimidad de los fallecidos y de sus familias y necesidad de respetar el sagrado reposo eterno que se vería vulnerado si se accede a ejecutar las obras manifiestamente ilegales solicitadas».
En las últimas semanas, los encargados de las obras han entrado en la zona del Valle de los Caídos donde se iba a proceder a la exhumación de los 81 muertos procedentes de Calatayud. Después, en una segunda fase, el equipo forense iba a dedicarse a la identificación para determinar a qué restos corresponden a los hermanos Lapeña.
La juez concluye que con la inmediata ejecución de las previsiones de la licencia impugnada «se producirían modificaciones en un elemento integrado en un conjunto de protección integral». Por eso, considera «razonable» que se eviten actuaciones «irremediables» antes de haber examinado el fondo del asunto.
El letrado Eduardo Ranz considera que esta actuación del Juzgado «es un sin sentido» frente al derecho de las víctimas para recuperar a sus fallecidos con la exhumación. «Esta decisión judicial es una medida cautelar que no puede afectar al fondo de la exhumación, pero debe ser el Gobierno, a través del Patrimonio Nacional, el que reaccione ante la paralización, porque las familias no están personadas», concluyó.
De igual modo, el auto recoge que la razón de ser de la justicia cautelar "reside en la necesidad de evitar que el lapso de tiempo que transcurre hasta que recae un pronunciamiento judicial firme suponga la pérdida de la finalidad del proceso y este requisito forma parte de la esencia de la medida cautelar".
Por su parte, el secretario de la asociación recurrente, Guillermo Rocafort, ha destacado a Europa Press que el Gobierno, a través de Patrimonio Nacional, está demostrando que desconoce "la legislación de protección del patrimonio" y que no respeta a los bienes catalogados.
"Se buscaba un efecto electoralista. No se puede llevar la guerra a los cementerios porque ahí reposan personas y al final se genera discordia y hay que respetar el descanso eterno de los difuntos", ha aseverado.
