Las devoluciones en caliente facilitan el regreso a Marruecos de 4.000 personas
Interior actualizó recientemente el acuerdo bilateral de 1992 para incluir el regreso exprés de aquellos migrantes que accediesen por el mar a través de los espigones fronterizos.
El Ministerio del Interior ha dado orden a la Policía y a la Guardia Civil desplegada en Ceuta para agilizar los trámites de devolución a Marruecos de las personas que han llegado a nado en aplicación del acuerdo bilateral con el país vecino de 1992. Un texto que ha sido actualizado de forma reciente para incluir el regreso exprés de aquellos migrantes que accediesen por el mar a través de los espigones fronterizos.
Interior cuenta además con el aval de una sentencia de febrero de 2020 del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH), cuya Gran Sala avaló de forma unánime la política española de devoluciones en caliente. Esta resolución consideró que las personas que saltan la valla de Melilla o de Ceuta lo hacen saltándose la legalidad y "recurriendo a la fuerza".
El fallo supuso un giro radical con respecto a la primera sentencia de esta misma corte en 2017, que condenaba a España por considerar que esta práctica suponía una expulsión colectiva y, por lo tanto, violaban la Convención Europea de Derechos Humanos. La decisión de la más alta instancia de la corte de Estrasburgo revocó, por lo tanto, esa condena, y tuvo consecuencias no solo en la legislación española sino que condicionó la política de fronteras de todos los miembros de la UE y, en general, de los 47 que forman el Consejo de Europa.
Protección del menor
No obstante, diversas ONG omo Cear, Red Acoge o Sos Racismo emitieron este martes un comunicado conjunto en el que advierten al Gobierno de que "las expulsiones colectivas o en caliente" que están llevando a cabo en Ceuta -4.000 personas hasta este martes- "no están permitidas por ley, ya que debe de individualizarse cualquier tipo de medida", como establecieron las sentencias del TEDH y antes del Tribunal Constitucional.
Además, las organizaciones precisan que entre las personas que han llegado se estima que más de 1.500 son niños y jóvenes, y piden que "no se vulneren sus derechos fundamentales bajo ninguna circunstancia". Precisamente, una ley orgánica de 2009 sobre menores no acompañados afirma que en los supuestos en que se localice a un extranjero indocumentado cuya minoría de edad no pueda ser establecida, se le dará la atención inmediata que precise, de acuerdo con la legislación de protección jurídica del menor, poniéndose el hecho en conocimiento inmediato de la Fiscalía.
