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Guerra en la abogacía por la publicidad encubierta por el coronavirus
Se han producido denuncias en los colegios profesionales por anuncios, en opinión de algunos, interesados de bufetes especializados en herencias o en ERTES.
El pasado 1 de abril el Colegio de Abogados de Madrid (ICAM) envió al correo de los letrados un boletín con enlaces a noticias de prensa, cuyos protagonistas eran un bufete especializado en herencias y un despacho asesor en ERTE. Las asociaciones vieron una publicidad encubierta destinada a las víctimas del coronavirus. Las denuncias se suceden.
Fuentes del ICAM han indicado que hasta el momento se han recibido dos denuncias contra el bufete Cremades & Calvo-Sotelo, dos más contra Grupo Hereda y una contra la Asociación de Abogados Cristianos, que ha dado "marcha atrás", al igual que Hereda, en la campaña para atraer a personas afectadas por la crisis sanitaria, según las mismas fuentes.
Desde la institución, que asume su papel de árbitro que vigila las normas en un "ambiente caldeado", el boletín "en absoluto" fue un error, ya que nadie puede impedir que se entreviste a los despachos. Recalcan que retiraron de inmediato los enlaces y anuncian una investigación, ya abierta.
Sacar a la luz este tipo de prácticas es el propósito de la Asociación Libre de Abogadas y Abogados (ALA), que ha tomado la iniciativa de desenmascarar a los despachos que aprovechan "la vulnerabilidad de las víctimas" para ofrecer servicios en contra del código deontológico, que autoriza las campañas de publicidad 45 días después de una catástrofe con un alto número de afectados.
ALA ha solicitado ante el ICAM la apertura de expedientes disciplinario a Grupo Hereda y Cremades & Calvo-Sotelo, protagonistas del boletín, como paso previo a una sanción, que para los denunciados supondría, asegura a Efe la presidenta de la asociación, Ángeles Chinarro, la pérdida temporal de empleo o incluso la expulsión del Colegio.
Chinarro considera que una vez anunciado el asesoramiento "en apariencia gratuito" sobre herencias o regulaciones temporales de empleo a causa del coronavirus "no vale entonar el mea culpa", porque se ha generado "confusión a los consumidores" e intentado "pasar de puntillas o torear" las normas.
"Además de competencia desleal en la captación de clientes", apunta Chinarro, la publicidad encubierta, cuando la actividad de buena parte de los despachos está paralizada, "entorpece la forma habitual de cualquier abogado" mediante "el boca a boca".
ALA además ha presentado denuncias en Valladolid contra Abogados Cristianos y en Sevilla contra Serrano Abogados, de Francisco Serrano, presidente del grupo parlamentario de Vox en Andalucía por esas mismas razones.
Desde esa asociación defienden que cualquier persona puede elegir el bufete que le parezca, si bien, según precisa la responsable de la asociación, desde que los anuncios aparecieron en medios de comunicación o redes sociales, con un alcance mayor, el daño está hecho.
"La publicidad ha llegado a destinatarios y tendrá beneficios para los despachos" por encima de las sanciones, lamenta Chinarro, que ve insuficiente el reproche del ICAM y estudia presentar una denuncia que incluya todos los casos ante el Consejo General de la Abogacía Española, que llamó a "abstenerse" de cometer infracciones muy graves por hacer una publicidad "irresponsable".
Igualmente en alerta se encuentran los abogados de oficio. Para la Asociación de Letrados y Letradas por un Turno de Oficio Digno (Altodo) las prácticas de márquetin de los despachos en el estado de alarma suponen, por un lado, situaciones de abuso que aprovechan la debilidad social, y por otro, una competencia desleal frente a la defensa de los ciudadanos con menos recursos.
Juan Manuel Mayllo, presidente de la asociación, explica que una crisis sanitaria en ningún caso cambia los protocolos de la justicia gratuita. Altodo ha reclamado reforzar la plantilla de los Servicios de Orientación Jurídica por el aumento de las consultas sobre "temas peliagudos", como "funerarias que cobran el triple" o alquileres que finalizan en el confinamiento.
"El asesoramiento debe ser prestado por los SOJ" de cada colegio, subraya Mayllo, antes de criticar el acuerdo con la Comunidad de Madrid del ICAM para crear un grupo de voluntarios que aconseje a empresas afectadas por ERTEs: "Habrá pymes con un asesor legal, que cobre lo que considere conveniente, buscando asesorías gratuitas" sin contar con ese beneficio como personas jurídicas.
Para Mayllo, responsable de una asociación que decidió solicitar la retirada de los anuncios en lugar de la apertura de expedientes, la publicidad encubierta "es a veces bienintencionada y otras se camufla con buena intención pero en busca de otros intereses".
También anticipa las intenciones de despachos que pondrán en marcha plataformas de afectados para controlar los asuntos judiciales de los asociados, a su parecer "un vericueto igual de reprobable y sancionable".
