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Una asociación de guardias civiles se querellan contra Illa y Marlaska por la muerte de 4 funcionarios con Covid-19
El abogado zaragozano que representa a Jucil a nivel nacional imputa a los ministros por cuatro delitos de homicidio imprudente por infracción de la ley de riesgos laborales.
La muerte de cuatro guardias civiles por coronavirus y que Interior y Sanidad sigan ignorando la petición de que incluyan a la Guardia Civil dentro de los colectivos de "riesgo alto" de contagio han sido los detonantes para denunciar a los ministros de ambas carteras por homicidio imprudente.
La Asociación Profesional de la Guardia Civil (Jucil), representada a nivel nacional por el abogado zaragozano Marco Antonio Navarro, ha presentado una querella criminal ante la Sala Segunda del Tribunal Supremo contra Fernando Grande-Marlaska y Salvador Illa por delitos de infracción de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales y por homicidio imprudente grave.
El portavoz de Jucil, Ismael Guerrero, explicó este miércoles que la querella criminal viene motivada por la gestión que se ha llevado a cabo desde ambos ministerios durante el estado de alarma por la pandemia de Covid-19.
"A pesar del alto riesgo de contagio, más que demostrado por los guardias civiles que luchan en primera línea en la batalla contra esta pandemia, el Gobierno sigue sin considerar a los agentes personal de alto riesgo y ha hecho caso omiso a todas nuestras peticiones".
Esta situación ha provocado, según Guerrero, la muerte de cuatro miembros del instituto armado. Justifica que por esa razón desde Jucil han tomado la decisión de presentar una querella criminal por homicidio imprudente grave contra el ministro del Interior y contra el ministro de Sanidad.
Según datos del propio Ministerio del Interior, 792 agentes del conjunto de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, incluyendo policías autonómicas y locales, están contagiados por Covid-19. De ellos, 239 son guardias civiles, 248, policías nacionales y 243 miembros de policías locales. La asociación relaciona directamente estas infecciones, que van en aumento, con la «falta de material de protección» que ha sufrido la Guardia Civil al ser considerada dentro del plan de actuación contra el coronavirus como «personal de baja exposición a la enfermedad».
El primer guardia civil víctima del coronavirus fue Pedro Alameda. Estaba destinado en Valdemoro (Madrid) y murió el 18 de marzo. Dos días después falleció Francisco Javier Collado, destinado en la Prisión de Herrera de La Mancha. El 24 de marzo murió José Antonio G. R., destinado en Aranjuez, y el 27, el teniente coronel del GAR (Grupo de Acción Rápida) de la Guardia Civil, Jesús Gayoso Rey.
Jucil reprocha a los dos ministerios que no empezaran a tomar medidas en relación con la pandemia hasta la publicación del decreto "a pesar de tener comunicaciones de la OMS y de otros organismos sanitarios desde el pasado mes de enero, advirtiendo de la gravedad del virus y de las consecuencias que podía tener en España".
La querella atribuye a los ministros un delito contra la seguridad de los trabajadores y cuatro de homicidio por imprudencia. El Código Penal castiga con penas de prisión de seis meses a tres años a los que, saltándose la ley, no faciliten los medios necesarios para que los trabajadores desempeñen su actividad con las medidas de seguridad e higiene adecuadas de forma que pongan así en peligro grave su vida, salud o integridad física.
El abogado Marco Antonio Navarro registró la querella criminal ante el Tribunal Supremo el 31 de marzo y ahora está a la espera de que sea admitida, algo que considera esencial para que se depuren futuras responsabilidades patrimoniales en la gestión del Gobierno de la crisis sanitaria. "Es totalmente negligente que se considere a los colectivos policiales como de bajo riesgo de exposición cuando están en la calle en contacto directo y estrecho con las personas, contagiadas o no", afirmó ayer.
"Nos encontramos con que el propio Gobierno, vía Ministerio de Sanidad y de Interior, opina que no necesitan de ningún material de protección para desempeñar su trabajo, lo que les deja en una situación de total indefensión y exposición al contagio".
Para el letrado, la "negligencia" es "palpable" desde el momento en que se sabe que en enero de 2020 comienza ya a haber comunicaciones que apuntan a que la pandemia podía tener unas graves consecuencias en España.
El abogado entiende que se ha producido una infracción de la norma de cuidado por no haberles provisto de medios y que ha actuado de forma negligente. "Considero que estamos ante un supuesto de delito de homicidio imprudente, definido en nuestra doctrina y jurisprudencia por la falta de intencionalidad directa del sujeto de cometer el delito", dijo.
Por otra parte, el sindicato policial Jupol logró la semana pasada que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) ordenara a la Secretaría de Estado de Seguridad que proporcionara a la Policía Nacional "todas las medidas de protección necesarias" para desarrollar sus funciones en condiciones de seguridad ante el Covid-19 y a entregar Equipos de Protección Individual en el "mismo instante" en que recibiera esos materiales.
El TSJM aplicó esta medida cautelarísima por la denuncia que el pasado 25 de marzo interpuso el abogado del sindicato, Marco Antonio Navarro, a la Secretaría de Estado de Seguridad por incumplimiento de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. En el auto, de la Sección 5 de lo Social, exponía que era "palmario" el riesgo al que el colectivo se ve expuesto "ante la insuficiencia de medios, la cual, desgraciadamente, también es notoria y no necesita una especial acreditación".
