El exconsejero de la Generalitat de Cataluña huido a Bélgica Lluís Puig ha declarado este jueves por videoconferencia ante un tribunal de Huesca por el denominado caso de los bienes del Monasterio de Villanueva de Sijena (Huesca) y ha denunciado no haber podido hacerlo en noviembre de 2017 por la crisis catalana.

El político catalán ha evitado asumir responsabilidades, explicando que recibió el requerimiento judicial el 7 de julio de 2017, es decir, «solo un día después de tomar posesión de su cargo», lo que le llevó a dejarse guiar por los servicios jurídicos de la consejería, ya que carecía de tiempo para «estudiar el expediente del caso», ha explicado su abogado, Jaume Alonso-Cuevillas. Los servicios jurídicos indicaron al entonces consejero catalán que la orden judicial «había sido recurrida y a partir de allí, ya no recibió ninguna otra notificación ni del juzgado ni de los técnicos responsables», ha añadido el letrado.

Alonso-Cuevillas ha mostrado su confianza en el que la causa sobre su cliente sea «archivada», ya que «una desobediencia, de acuerdo a la jurisprudencia existente, debe ser abierta y reiterada, y no es el caso», ha indicado, insistiendo en que la cercanía entre la toma de posesión de su cliente y el requerimiento judicial dejó al primero sin tiempo de reacción.

En el interrogatorio, ha participado la titular del juzgado oscense así como el fiscal de la Audiencia Provincial, Juan Barachet, que apoyó la denuncia presentada por el Ayuntamiento de Villanueva de Sijena y que emitió un informe señalando que los dos exconsejeros catalanes de Cultura actuaron de forma consciente e irresponsable. En su opinión, ambos pudieron evitar la incautación forzosa de las obras llevada a cabo el 11 de diciembre de 2017 y por ello, pide a la magistrada que sus posibles penas reflejen las «capitales» consecuencias de su «rotundo» incumplimiento. Y es que el retorno de las obras conllevó un importante despliegue policial y además, generó un ambiente de tensión en las inmediaciones del Museo de Lérida.

El letrado del Ayuntamiento de Villanueva de Sijena, Jorge Español, tomó la decisión de no acudir al interrogatorio al intuir que, tal y como hizo Santi Vila, Lluís Puig se negaría a responder a sus preguntas.

Ante ello, Alonso-Cuevillas ha dicho mostrarse «sorprendido» y ha señalado que su cliente estaba preparado para responder a todos los partícipes, incluido el abogado del consistorio monegrino, ya que «nada tenemos que ocultar».

Por otro lado, el letrado también ha cuestionado el hecho de que en noviembre de 2017 la Audiencia Nacional española y después, el Tribunal Supremo no autorizasen la declaración por videoconferencia de su cliente en el caso de la crisis catalana y ahora, le hayan permitido declarar por las obras de Sijena.

En su opinión, las declaraciones por videoconferencia en territorio europeo son un «acto de absoluta normalidad, tal y como ha podido verse en este caso», y por lo tanto, «lo excepcional es lo ocurrido con anterioridad» en referencia a la petición cursada en 2017.

Lluis Puig y su antecesor, Santi Vila, que ya compareció en persona en abril de 2018, escudando su decisión en el cumplimiento de las leyes de patrimonio catalanas, se enfrentan por su actuación a multas e inhabilitación por un periodo de hasta 2 años.