Nacional

Víctimas invisibles

Sufren igual que sus madres, padecen el mismo miedo y terror que ellas, aunque no lleguen a ver abusos físicos. Los hijos de mujeres maltratadas viven en sí mismos la violencia de género.

Una de las salas del Centro de Atención Integral a las Familias (CAIF), en Zaragoza.
Toni Galán

Un niño lo ve todo, se entera de todo, lo sufre todo. A un niño se le protege, pero no se le miente. Un niño es el reflejo de lo que tiene en casa y padece y traslada todo lo que ve. La condena a 21 años de prisión a Cristinel Ionel Surca, el hombre que ante su hijo asesinó a puñaladas a su exmujer, Alexandra Rodica, en el portal de un punto de encuentro familiar en Zaragoza, genera una cuestión esencial sobre la vida del pequeño ante la violencia de género: ¿cómo salvaguardar al menor? Los datos oficiales hablan de que un 63% de los hijos de mujeres víctimas son testigos de la violencia machista, y que de ellos el 64% sufrieron en su propia persona la violencia de los agresores de sus madres, según la macroencuesta sobre violencia de género de 2015 que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad realiza cada cuatro años.

La abogada Altamira Gonzalo dice que, a pesar de que "cada vez hay más sensibilidad social, los menores son los grandes olvidados cuando hay problemas en la familia. Son más vulnerables porque son indefensos y están en plena formación de su personalidad, de sus seguridades. Son como jarrones, se reparten entre sus dueños, con pocas consideraciones. Una psicóloga me enseñó que cuando una familia rompe, quien necesita su rincón de seguridad que puede ser su cama, su mesa, lo pierde. De forma que los adultos sí tienen cada uno su casa, de la que no se mueven y los menores pierden esa zona de seguridad al tener que ir de una casa a otra". "Muchas mujeres dicen que los niños no viven no se enteran de las agresiones que sufren, porque creen que no han visto ni oído nada, pero cuando accedes al menor ves que no es así, que lo está verbalizando a través de sintomatologías como dificultad en el control de los esfínteres, conductas impulsivas, estado de nerviosismo, dificultades en el aprendizaje. Van llamando la atención", explican en la Casa de la Mujer de Zaragoza. "Ponen de manifiesto el estrés y el sufrimiento que se vive en ese hogar. Y cuando viene la mujer siempre valoramos a los menores, van unidos, porque no se puede desligar. Antes parecía que eran dos cosas distintas".

El Pacto de Estado contra la Violencia de Género de septiembre de 2017, suscrito por todo el arco parlamentario, cerró, precisamente, el terrible vacío que dificultaba la valoración y atención psicológica de los niños de mujeres maltratadas al considerarles también a ellos como víctimas de violencia de género cuando la madre lo es. Pero quedan muchas lagunas sobre la protección del menor. El Gobierno de Aragón ultima un decreto de ayudas a víctimas de violencia destinado a mujeres mayores, huérfanos y víctimas de otras violencias, y que las mujeres víctimas ya recibían. El objetivo es resarcir un episodio tan traumático como la pérdida de una madre por violencia de género. La filosofía es equipararlos a la condición de víctimas del terrorismo y pretende no dejar en la indefensión a quienes de por sí han sufrido una pérdida irreparable. Recibirían una ayuda mensual de 420 euros, para sus necesidades básicas hasta la mayoría de edad, para evitar situaciones de desamparo, aunque, indica Ángel Dolado, Justicia de Aragón, también "se tramita un decreto nacional para que tengan una pensión de 600 € al mes, con independencia de que sus madres hayan o no cotizado a la Seguridad Social" y habrá que determinar su aplicación.

Visitas

Altamira Gonzalo destaca que "el Pacto de Estado contempla la posibilidad de suspender las visitas cuando exista violencia en la pareja, a lo que son muy remisos los jueces. Y lo afirmo porque esta posibilidad ya está contemplada, no como obligatoria, en la Ley Integral del año 2004 y las estadísticas del Consejo General del Poder Judicial indican que solo se suspenden las visitas en un 3% de los casos". Dolado, juez de Familia durante años, lo tiene también muy claro al indicar que sobre "las visitas de hijos y progenitores agresores no deberían darse en ningún caso si hay lesiones físicas o psíquicas a las progenitoras. La ley es clara en casos de violencia: no cabe la guarda y custodia individual ni compartida (art. 80.6 Código del Derecho Foral de Aragón). Ciertamente el derecho de visitas y comunicación de padres e hijos es distinto porque se plantea como derecho de los hijos a ver a sus padres, y la realidad evidencia que dichos sistemas de comunicación se establecen judicialmente. Las reformas legales deberían clarificar los supuestos de privación de autoridad familiar". "Los asuntos de mujeres maltratadas suelen estar por lo general judicializados y un límite competencial del Justicia es que no puede intervenir en casos de procedimientos judiciales en marcha –explica–. Ahora bien, la realidad me indica, después de hablar con varias mujeres que me han hablado sobre sus casos de maltrato a ellas y a sus hijos por parte de maridos y/o padres. Su petición de ayuda venía de la mano de que sus hijos no son oídos en muchos supuestos en ámbito judicial. No son considerados víctimas de violencia los hijos si la madre no denuncia también como víctima de violencia de género y entonces hacemos labor de intermediación o derivación al Fiscal, como garante de menores y personas especialmente vulnerables. La ONU exige reformas legales para que niños y adolescentes tengan la consideración de potenciales víctimas de sus progenitores, al margen de los hechos relaciones con sus madres".

Para la abogada Gonzalo, "hay un problema importante en los casos de rupturas familiares por situaciones de violencia de género no denunciadas. Hay muchas. Casi en el 70% de las mujeres que fueron asesinadas por sus parejas no habían denunciado nunca malos tratos. Cuando no se denuncian, pero los hijos han vivido miedo en la familia, es posible que no quieran ir con el padre. Hay que averiguar las razones del rechazo. Los menores siempre tienen derecho a ser oídos. Si tienen 12 años o más, es obligatorio. Pero si son menores deben ser escuchados por los gabinetes psicosociales de los Juzgados o los Institutos de Medicina Legal, quienes pueden y deben averiguar si los motivos del rechazo están fundados o no". Desde la Casa de la Mujer explican cómo trabajan con los niños, en el centro, en las casa de acogida y pisos tutelados. "Hablamos con la madre para saber qué le ha contado a su hijo, porque hay veces que les ocultan, porque tienen mucho miedo y vergüenza, por el colegio sobre todo. Y luego están los niños, porque algunos se hacen su propia película y la madre dice “pero si él lo ha visto”, o son los ellos quienes llaman a la Policía o a los vecinos; o les dice la madre “coger el móvil y estáis calladitos y si veis que pasa algo llamáis”, o que el pequeño se ha puesto en medio...". Y desgranan todos los problemas que padecen y las estrategias de los maltratadores para seguir controlando a sus víctimas, instrumentalizando a los hijos. "Les llaman constantemente por teléfono para saber dónde están –y dónde está ella–, les ponen localizadores, apagan los móviles de los pequeños cuando están con ellos, en las vacaciones... para desesperar a la madre; les hacen amenazas muy sutiles, que solo sabe la madre qué significan", y que ratifican desde la Unidad de Familia y Mujer (UFAM) de la Policía, una unidad que nace como un servicio policial integral que presta atención especializada y personalizada a las víctimas de violencia de género, doméstica y sexual, que cuenta con tres grupos de atención y protección para la mujer y los menores. "Cada niño es un mundo –dicen en la UFAM– es una persona en potencia, en continuo desarrollo y hay patrones comunes de cómo debería de ser a cierta edad, pero las vivencias les hace diferentes, y cada uno lo afronta en función de la situación que ha vivido. Sucede en cualquier ámbito social". "Ante situaciones de violencia cuando hay menores se intentan minimizar los efectos negativos, aunque nunca hay que mentirle y quien tiene la potestad de explicarle la situación son sus padres. Hay que evitar victimizar y en todo momento deben estar informados porque lo peor que puede pasar es que estés perdido, que no sepas lo que está pasando y hay que explicarle los pasos y sobre todo alejarles del foco de violencia".

Mª Ángeles Val es una de las creadoras en el año 2000 de APEFA, la Asociación Punto de Encuentro Familiar de Aragón, puesto en marcha para ayudar a los menores y a sus padres para superar situaciones de tensión y enfrentamiento. Dependiente del Gobierno de Aragón, los puntos de encuentro "surgen por la necesidad de que el menor no vea problemas o incidentes entre sus progenitores a la hora de entregar a uno u otro", indica "Antes se hacían en la comisaría de Policía o en la puerta de una iglesia, en estamentos en los que el niño no pudiera verse involucrado en esa arma arrojadiza en la que algunos padres convierten a sus hijos contra sus parejas, pero se daban momentos complicados con el menor en medio. Aquí trabajamos psicólogos, trabajadores sociales, personas con muchos años de experiencia que sabemos cómo actuar ante distintas situaciones. Los juzgados nos derivan a los niños con un régimen de visitas establecido, con sus horarios y días". El centro tiene unas reglas para evitar que los padres en conflicto se vean. La abogada del centro Rosa Arranz explica que es muy importante "el protocolo horario. Aquí vienen unas 300 familias al año, de todo tipo y extracción social. El no custodio tiene que acudir veinte minutos antes de la hora señalada, y el custodio a la hora en punto, de manera que no se crucen. Siempre firman para dejar constancia de que han venido. Las salas están repartidas dependiendo de la edad de los niños". Como indican ambas, cuando surge un problema en una casa el niño no lo entiende, como tampoco el concepto de violencia. "Tiene una herida y hay que cerrarla y tratarla. Se supone que la mujer víctima tiene que estar tratada, ir a un centro donde le ayuden a ella y al menor para evitar problemas emocionales o psíquicos posteriores. Aquí no hay tratamiento, pero si detectamos algo podemos hacer una propuesta al juzgado para trabajar en el CAIF conjuntamente con la familia", dice Mª Ángeles. El CAIF es el Centro de Atención Integral a la Familias, integrado en APEFA, por el que "se ofrece un recurso a las familias para ayudarles a afrontar sus dificultades, en un ambiente de respeto mutuo, confianza y confidencialidad", indica su responsable Antonio Peñalver, psicólogo, con una larga experiencia en esta delicada área de trabajo, y explica que lo que se pretende es dotar a los usuarios de conocimientos, habilidades y estrategias "para abordar las distintas etapas por las que pasa el ciclo vital familiar. Lo que hacemos es ayudar a tomar decisiones consensuadas y negociadas en situaciones de conflicto. Todas las partes tienen que asumir su parte de compromiso". Y en ese compromiso está una atención preventiva integral ante problemas relacionados con la violencia familiar.

Patria potestad

Pero, como indican Rosa y Mª Ángeles, que el juzgado tenga que acordar un punto de encuentro es una medida excepcional, "en violencia obviamente lo es. Ahora son mucho más jóvenes los que vienen, sobre 18-20 años y ya padres", dice la abogada, mientras que la psicóloga añade que "el vínculo afectivo es muy importante y desde la infancia. Muchas de estas visitas son tuteladas porque no saben manejar bien la situación, incluso hemos llegado a sugerir al juzgado que venga la abuela, alguien más maduro. Son padres con alguna adicción, y hay que garantizar la seguridad del menor, y también ofrecer un espacio adecuado para que esté con los niños".

El Justicia explica que ante el caso terrible de que la madre falte por haberla matado el padre, "éste debe ser condenado a la pérdida de la patria potestad, autoridad familiar en Aragón y, por supuesto, a la pérdida de la custodia y del derecho de visitas. Lo normal que asuma la tutela y cuidados del menor la familia materna, y lo extraordinario es que se atribuya a la familia de quien ha matado a la madre. En todo caso, si hay discusión entre las familias, debe resolver el juzgado, siendo el norte de esa decisión, siempre, el beneficio del niño. Y parece de sentido común, que, dándose esas circunstancias de haber matado el padre a la madre y siendo idónea la familia materna para asumir el cuidado, se atribuya a ésta la tutela de los menores. Y en su defecto, que se busque otra salida que no sea la familia paterna". Sobre qué ocurre cuando el padre sale de prisión: "Si son los hijos mayores de edad, deciden ellos; si son menores y el asunto penal ha sido grave lo normal es que la sentencia penal conlleve la privación de la autoridad familiar y que el vínculo jurídico-biológico desaparezca. Todo lo que sea reanudar las visitas, según el hecho delictivo, puede suponer una nueva revictimización de los hijos". Y explica la peculiaridad de que "en Aragón no tenemos patria potestad y sí autoridad familiar. No es lo mismo porque se parte en el Código Civil de un concepto patrimonialista o de ejercicio del pater familias romano sobre los hijos e incapacitados y en nuestro derecho civil propio se da una mayor autonomía y las relaciones paternofiliales son más modernas, basadas en los derechos y deberes de la crianza y la educación de los hijos (art. 65 y ss.CDFA)".