La democracia ha acabado con ETA
España ha cerrado el capítulo más trágico del último medio siglo de su historia, el capítulo que escribió ETA asesinando a más de 800 personas, todas absolutamente inocentes. Después de sembrar el dolor, el miedo y el más desesperanzador desasosiego, la banda anuncia su desaparición.
Josu Ternera, el inductor de la matanza de la casa-cuartel de Zaragoza, ha sido el encargado de poner voz al último comunicado de la organización terrorista, el que confirma su "disolución" definitiva, una vez "desmantelado totalmente el conjunto de sus estructuras". La verborrea habitual para asumir la derrota forma parte de la liturgia terrorista para disfrazar una rendición en toda regla. El balance de la lucha contra ETA es que la democracia ha derrotado a la barbarie, ha habido una clara victoria del Estado de derecho. A cambio, hay que contabilizar unos 3.600 actos terroristas, más de 850 asesinatos, casi 7.000 heridos y 86 secuestros.
Hace ya años que el terrorismo etarra forma parte del pasado más oscuro. Su disolución y el acto propagandístico que hoy quiere protagonizar en el sur de Francia son, por tanto, meramente propagandísticos. Pero el daño infligido permanece y su matonismo sobrevive. La convivencia en el País Vasco y el norte de Navarra, que llegó a ser irrespirable, ha mejorado, pero aún sigue dando muestras preocupantes, como la de la agresión de Alsasua, próxima al linchamiento de dos guardias civiles desarmados, afincados en la localidad, y de sus novias por parte de decenas de jóvenes herederos de las cuadrillas de acoso del pasado. Aunque el terrorismo haya desaparecido, quedan reservas de intolerancia.
Está claro que el Estado de derecho, en su misión de proteger a los ciudadanos, castigar a los delincuentes y garantizar a todos la justicia, no tiene entre sus tareas la venganza. Sin embargo, tampoco tiene sentido que se pretenda evitar ahora que todo el peso de la ley caiga sobre los terroristas, tanto los que aún están huidos como los presos. ETA utilizó las armas para matar e intentó maniobrar con la legalidad vigente; ahora, con las armas acalladas, la firmeza de la ley debe mantenerse. Además, el entorno político y social que arropó al terrorismo tiene la asignatura pendiente de hacer una autocrítica que deslegitime la violencia. Y los etarras deben colaborar para esclarecer los más de 300 atentados cuyos autores no han sido juzgados. Así demostrarían que de verdad están dispuestos a renunciar para siempre al uso del terror como arma política.
