Acabe como acabe el asunto del máster de Cristina Cifuentes, lo más delicado que deja no es la cuestión del liderazgo, ni siquiera la de la corrupción política: es la de la universidad. O, mejor, la de la reputación de un ‘alma mater’ gravemente dañada por los indicios de irregularidades cometidas en este caso.

¿Con qué confianza van a matricularse los futuros alumnos de másteres y estudios de posgrado si ven que mientras ellos invierten tiempo, esfuerzo y ahorros familiares otros pueden aprobar sin ni siquiera asistir a clase? ¿Qué respeto pueden merecer unos títulos logrados mediante la manipulación de fechas y la falsificación de documentos y firmas?

La presidenta de la Comunidad de Madrid pintó en su defensa el retrato de una universidad de baja exigencia académica, relajada en el manejo de datos confidenciales, sin reparos para saltarse los procedimientos, permisiva en sus sistemas de evaluación y arbitraria en el trato dispensado a los alumnos. Pero no hay problema. Dio a entender que, como el título no le hacía ninguna falta, carecía de importancia que lo hubiera obtenido a base de irregularidades.

Para reducir la gravedad de lo ocurrido no dudó en desacreditar los estudios y en cuestionar la integridad de los profesores, en quienes acabó descargando las responsabilidades. Para salir airosa del trance, dio una patada a seguir y puso en marcha un ventilador que arrojó suciedad sobre quienes le dieron su máster de chicha y nabo de una forma que más se asemejaba a un intercambio de favores que a un proceso de enseñanza y aprendizaje desarrollado en condiciones de rigor, exigencia y justicia. No es un reparto de culpas entre el político y la universidad, sino un pasteleo con la parte deshonesta de la universidad, que se alía con el político dañando gravemente a la universidad decente, seria y responsable.

El cinismo y la desvergüenza exhibidos por Cifuentes no habrían sido posibles si detrás no estuviera la fundada sospecha de un embuste académico de principio a fin, una larga cadena de irregularidades practicadas en beneficio del poderoso por parte de un centro universitario, que finalmente llevará el caso a la Fiscalía. Bajo la eufemística afirmación de que los estudios del máster de marras "se adaptaban a las posibilidades de los alumnos", quedó en evidencia la patente de corso para aprobar sin estudiar y sacar títulos sin presentarse a los exámenes, una práctica que habrá indignado a los miles de estudiantes que se vuelcan en sus carreras a base de dedicación y sacrificio y a la multitud de docentes que se esfuerzan día a día en impartir una formación de calidad.

Ojalá que solo se estuviera debatiendo el caso de una dirigente que se aprovecha de su posición y debe someterse al escrutinio de los ciudadanos. Pero lo ocurrido deja herido de gravedad el prestigio de la educación superior en nuestro país. Recuperarlo ante la opinión pública no va a ser tarea fácil.