Maduro promete el "máximo castigo" a los 2.000 detenidos en las manifestaciones

El presidente venezolano, Nicolás Maduro, ha asegurado que la justicia aplicará el "máximo castigo" para las 2.000 personas detenidas esta última semana durante las manifestaciones en protesta por el presunto fraude electoral en el país. "Lo que va a haber es Tocorón", ha apostillado el mandatario en alusión a una de las dos cárceles de alta seguridad que el Gobierno prepara para encerrar a todos los condenados.

Los venezolanos amanecieron este domingo con una mezcla de indignación, miedo, frustración y tristeza por las palabras del presidente. Aventuran un duro futuro a los adolescentes, trabajadores, madres y padres apresados en las manifestaciones o al regresar de su empleo o de una tienda en operaciones de la Guardia Nacional "arbitrarias", según denuncian las ONG, que también censuran los juicios "amañados". "Salir se ha convertido en una decisión de alto riesgo", destaca El Nacional.

Cientos de familias desconocen el paradero ni la situación legal de sus allegados. Otras muchas aguardan delante de las comisarías y de Zona 7, el cuartel de la Policía reconvertido en gran centro de reclusión al este de Caracas, el momento de poder asomarse al puesto de control con el fin de entregar ropa y comida a sus allegados. "Ni siquiera sabemos si luego se lo entregan. Eso es un gentío, hay mayores de 50, de 60 años, encerrados", dicen los amigos de un paramédico arrestado con su madre y sus dos hermanas hace siete días en Las Mercedes, un barrio feudo de la oposición

Sus palabras se asemejan a las que pronuncia Julia. Afligida, sabe que al otro lado de la verja se encuentra su hija de 16 años, instrumentista en la Sinfónica de Caracas, que salió a protestar con una prima de 26 años contra el régimen al barrio de Chacaíto. "Era la primera vez que mi hija salía a marchar. Imagino que cuando llegaron allá se encontraron con la represión", cuenta la madre que sólo ha conseguido verla una vez desde su arresto la semana pasada. Delante de Zona 7 aguardan los abogados de decenas de detenidos y coordinadores de asociaciones de derechos humanos que confían en que este "cúmulo de ilegalidades" se convierta en un nuevo frente de reprobación internacional a Maduro.

El mandatario recibió un nuevo baño de masas ante el Palacio de Miraflores este sábado (madrugada del domingo en España) después de que decenas de miles de personas se movilizaran también en su contra. Encabezados por la líder opositora María Corina Machado, los críticos reclamaron una revisión de las elecciones del 28 de julio y la libertad de los detenidos. Maduro ignoró poco más tarde ante los suyos todas las demandas. En cambio, se ufanó de que con él "la paz" impera en el país y "nadie nos llevará a escenarios golpistas". Nada dijo, sin embargo, de las acusaciones crecientes de orquestar un "autogolpe" en los recientes comicios presidenciales ni de la presión de la comunidad internacional para que entregue todas las actas electorales.

En su lugar, prometió "justicia completa" para los arrestados porque "lo que hicieron es muy grave". "Esta vez no va a haber perdón, esta vez lo que va a haber es Tocorón", amenazó. Tocorón y Tocuyito, situadas en los Estados de Aragua y Carabobo respectivamente, han sido históricamente dos prisiones de máxima seguridad y ahora el Gobierno las está rehabilitado a toda velocidad. Son dos recintos ásperos, sin rastro de comodidades y con muros gruesos. Maduro quiere concentrar allí a todos los detenidos a los que califica de "guarimberos"; es decir, manifestantes violentos. Ha anunciado que las prisiones serán transformadas en granjas, donde los presos deberán hacer trabajos productivos.

Una fiscal se niega a acusar

Su relato insiste en que las acusaciones de fraude electoral son fruto de un compló de la ultraderecha, la oposición y gobiernos extranjeros. Y que todos ellos han querido asestar un golpe de Estado en su contra. "El brote fascista se ha terminado", subrayó, tras asegurar que todos los apresados "confiesan porque ha habido un proceso estricto legal, dirigido por la Fiscalía con plenas garantías". El líder quiso reforzar su argumentación al informar de que la Policía había localizado 146 armas de guerra escondidas.

La opinión fuera del círculo chavista disiente. Algunos medios informaban ayer de la captura de un grupo de comerciantes por vender camisetas serigrafiadas con la imagen de una estatua de Hugo Chávez derribada. Agentes de seguridad apresaron también al único alcalde opositor del estado de Sucre, Jordan Sifuentes, sin que hayan trascendido los cargos en su contra. Una fiscal en Ansoategui ha sido imputada por negarse a acusar a cuatro personas que protestaban por el pucherazo.

La ONG Foro Penal ha constatado que numerosos detenidos han sido presentados a "tribunales de terrorismo" con abogados impuestos. La organización Civilis ha denunciado el uso "amañado" de las audiencias telemáticas, constituidas para agilizar los juicios. "A los procesados se les prohíbe acceso a un abogado privado y a sus familiares, lo que implica que no ves el expediente, no conoces los delitos que les imputan, no sabes el estado físico y mental de las personas arrestadas. ¿Cómo puede haber unas garantías judiciales bajo ese contexto?", se preguntan las ONG. Una de ellas publicó ayer un informe sobre la veintena de fallecidos en las manifestaciones. Más de la mitad murieron a manos de la Policía y de paramilitares. Como Jeison Javier Bracho Martínez, de 22 años, al que dos individuos montados en una motocicleta dispararon en la cabeza durante una concentración en El Limón.

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