Estudiantes desaparecidos en México: "Nos faltan 43 desde hace diez años"
Los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, encabezan una marcha cada 26 de septiembre para reivindicar respuestas.
Cada 26 de septiembre desde hace casi 10 años se escuchan los mismos gritos en las calles principales de Ciudad de México: “¡Vivos se los llevaron! ¡Vivos los queremos!”. Los padres y las madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, desaparecidos en 2014, encabezan una marcha que comienza en El Ángel de la Independencia y concluye en la Plaza de la Constitución, más conocida como el Zócalo.
Miles de personas los acompañan entre los que destacan estudiantes y maestros de la misma escuela que se desgañitan exigiendo el esclarecimiento del caso durante las horas que dura la manifestación.
Mario César González ha encanecido desde su primera entrevista con la BBC en octubre de 2014, apenas dos semanas después de la desaparición de su hijo César Manuel González Hernández, en la que se quejaba del trato de las autoridades: “Juegan con nosotros. Son 43 alumnos, no 43 perritos".
Sus palabras hoy son más duras si cabe: “No se ha llegado a ninguna solución. El presidente Andrés Manuel López Obrador está al lado de la injusticia y ha sido incapaz de volver a recibirnos en los dos últimos años”.
Este soldador de 59 años asegura que durante la última década han recibido amenazas de muerte y han sufrido secuelas psicológicas por la falta de avances en las investigaciones y las promesas incumplidas de los mandatarios mexicanos.
“Sufrimos un dolor profundo al que nos hemos tenido que acostumbrar aunque muchas veces nos desesperamos y nos enojamos”, explica este hombre que fue detenido con violencia durante varias horas el año pasado unos días antes de cumplirse el aniversario.
En 2014, los estudiantes habían iniciado una protesta simbólica como cada año. Paralizaban el transporte público e incluso expropiaban algún autobús durante unas horas. La policía intervino matando a nueve personas, entre ellos a cinco estudiantes de magisterio e hiriendo a otros 17.
La pesadilla empezó al amanecer del día siguiente en Iguala, de dónde era los estudiantes. Nadie sabía del paradero de los 43 desaparecidos. Durante los meses posteriores hubo confesiones bajo tortura y se presentaron restos incineradas de otras víctimas aparecidas en fosas comunes como si fueran los de los estudiantes. Entre 2014 y 2018, el gobierno de Enrique Peña Nieto fue acusado de pasividad por su falta de transparencia y su desinterés por investigar las desapariciones.
El caso se vinculó a ajustes de cuentas entre carteles rivales posiblemente porque uno de los transportes llevaba un alijo de droga. La DEA comprobó que desde la terminal de Iguala se enviaban grandes cantidades de heroína hasta Chicago, usando buses de transporte público, con beneficios anuales de 120 millones.
También salpicó al ejército. “El Ejército tuvo conocimiento de lo que estaba sucediendo ya que sometía a seguimiento al grupo armado que cometió el crimen con la complicidad de agentes del Estado y contaba con información en tiempo real sobre los posibles destinos de los estudiantes desaparecidos", dijo en octubre del 2023 un documento presentado por la Comisión para la Verdad, encargada de investigar el caso. Una jueza decretó la liberación de ocho militares detenidos en enero de este año. Dos semanas después se cursaron órdenes para detenerlos de nuevo por el escándalo que se armó.
Cristina Bautista, madre de Benjamín Ascencio Bautista, desaparecido a los 19 años, recuerda que el actual presidente Lopez Obrador “nos dio muchas esperanzas cuando llegó al poder. La investigación avanzó hasta que se topó con la responsabilidad del ejército en los crímenes”. “El presidente defiende al ejército y los familiares estamos muy enojados con el porque nos sentimos engañados”, dice con contundencia.
Durante la campaña electoral de 2018 el presidente López Obrador instrumentalizó el caso ya entonces convertido en símbolo de la lucha contra las desapariciones forzosas. Se comprometió a esclarecer la verdad. Creó una Comisión de la Verdad que descubrió la implicación de oficiales del ejército en la desaparición de los estudiantes.
Pero durante cuatro años el presidente no recibió a los familiares y mantuvo una posición muy ambigua como si le irritase que el ejército, al que ha reforzado durante su sexenio como presidente, pudiese estar implicado en los crímenes.
México es uno de los países del mundo con más desaparecidos. Las cifras superan los 100.000 desde 1962 aunque la mayoría se han producido a partir de 2006 cuando el estado inició la guerra frontal contra los carteles del narcotráfico y el crimen organizado. Existen más desaparecidos que en Sri Lanka, Siria, Irak, Guatemala, Colombia o Argentina.
El presidente López Obrador ordenó la creación de un registro de personas desaparecidas en 2019. La suma superó los 116.305 desaparecidos oficialmente. Pero en marzo de 2024, la cifra descendió a 99.729 supuestamente gracias al proceso de búsqueda realizado por las autoridades mexicanas en todo el país
Este baile de cifras ha sido muy criticado por activistas derechos humanos y familiares de desaparecidos. Lo ven como un intento estratégico de disminuir el número real cuando está a punto de finalizar el sexenio presidencial en el que se han batido records de muertos y desaparecidos. Sólo entre agosto de 2023 y el día que se presentó el informe se había contabilizado 9.427 desaparecidos en todo el país.
México cerró el 2023 con un record con 11.923 desapariciones, 32 personas por día, según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda. Casi 3.000 desaparecidos más que en el año anterior y un aumento del 155% con respecto a 2013 cuando se contabilizaron 4.671 víctimas.
El Día de la Madre, a principios de mayo, se aprovecha cada año para realizar una marcha nacional con el objetivo de presionar al gobierno para que se tome en serio la búsqueda de los más de 100.000 desaparecidos.
En la manifestación de este año, en plena campaña electoral, se mostraron pancartas con lemas como “Te cambio mi voto por mi hijo desaparecido”. Las críticas contra el presidente López Obrador y el fiscal general Alejandro Gertz-Manero fueron generalizadas.
La oficina en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos pidió hace un mes a los partidos políticos que no instrumentalizaran el dolor de los familiares durante la campaña electoral y recordó que nueve madres buscadoras de sus hijos desaparecidos han sido asesinadas desde 2019, dos de ellas durante este año.
Los registros macabros no finalizan con los miles de muertos y desaparecidos que anualmente se suman a cifras ya escandalosas. En la última década se ha multiplicado el descubrimiento de fosas clandestinas y ya hay 52.000 restos humanos sin identificar en cementerios y depósitos de cadáveres.
El estado mexicano ni siquiera es capaz de trabajar en la identificación de los restos que se han descubierto y que son enterrados o guardados en almacenes de restos humanos como personas NN (No Nombre), una actividad recurrente durante las dictaduras y las guerras civiles latinoamericanas entre los años setenta y los noventa del siglo pasado.
