ESTADOS UNIDOS

El Gobierno de EE. UU. estudia considerar los tiroteos masivos como un delito capital

El gabinete de Trump ha elaborado dos propuestas basadas en el establecimiento de una ley que pida automáticamente la pena de muerte y una ley federal que permitiría a las fuerzas del orden requerir una orden judicial para confiscar temporalmente las armas.

U.S. President Donald Trump arrives to speak about the shootings in El Paso and Dayton in the Diplomatic Room of the White House in Washington, U.S., August 5, 2019. REUTERS/Leah Millis TPX IMAGES OF THE DAY [[[REUTERS VOCENTO]]] USA-SHOOTING/TRUMP
El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega para hablar acerca de los tiroteos en Dayton y El Paso al despacho Oval de la Casa Blanca.
Leah Millis

El Gobierno de Estados Unidos estudia la idea de declarar la comisión de tiroteos indiscriminados como un delito capital, es decir que suponga automáticamente la condena a la pena de muerte, informó hoy la cadena de televisión CNN.

Según este medio, que cita fuentes gubernamentales, esta es una de las ideas que está considerando el Departamento de Justicia tras los tiroteos que este fin de semana dejaron al menos 32 víctimas mortales en El Paso (Texas) y Dayton (Ohio).

La consideración de una ley que declare específicamente los tiroteos masivos como un crimen capital es una de las propuestas surgidas tras una orden dada este fin de semana por el presidente de EE. UU., Donald Trump, a sus asesores de buscar soluciones legislativas para abordar los tiroteos indiscriminados que se registran.

De acuerdo con la CNN, Trump, el vicepresidente estadounidense, Mike Pence; el fiscal general, William Barr, y otros funcionarios pasaron el fin de semana tratando iniciativas legales para abordar este problema. Una de las opciones con más apoyo fue la de establecer una ley que haga que se pida automáticamente la pena de muerte para los responsables de tiroteos indiscriminados, como ya ocurre con las personas que cometen atentados con explosivos.

Otra iniciativa bajo consideración es la de redactar una ley federal que permitiría a las fuerzas del orden pedir una orden judicial para confiscar temporalmente las armas que pueda tener una persona que consideren que puede convertirse en un peligro. Dicha petición podría venir también de los familiares de la persona que posee las armas.

La iniciativa fue planteada este fin de semana en un mensaje de la red social Twitter por los senadores Lindsey Graham (republicano) y Richard Blumenthal (demócrata), con el fin de prevenir tiroteos. Tanto esta como la iniciativa de pedir la pena capital automáticamente para este tipo de delitos deberá lograr el apoyo de la mayoría de los legisladores en el Congreso federal.

Los líderes demócratas del Congreso instaron hoy al Senado, dominado por los republicanos, a suspender su actual receso veraniego para aprobar "de inmediato" un proyecto de ley respaldado ya por la Cámara de Representantes que exigiría comprobar los antecedentes penales del comprador en toda venta de armas. Según los demócratas, el líder de la mayoría republicana del Senado, Mitch McConnell, se ha negado a presentar la propuesta a votación.

El acceso a las armas en Estados Unidos está controlado por leyes federales y su supervisión recae en la Oficina de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos. Además de las normativas federales, algunos estados y gobiernos locales tienen sus propias regulaciones.

Desde comienzos del siglo XX, el Congreso ha aprobado varias leyes y reformas para limitar el acceso a las armas de fuego, incluidas la National Firearms Act de 1934 para responder al aumento de la delincuencia organizada durante los años de la prohibición.

Cuatro años más tarde, la Federal Firearms Act, impulsada por el Congreso en 1938, obligaba a los vendedores a estar registrados y conservar los nombres y dirección de todos sus compradores.

Tras el magnicidio del presidente John Fitzgerald Kennedy y el asesinato del activista Martin Luther King, en 1968 se estableció la Gun Control Act, que extendía las limitaciones a los vendedores de armas y ampliaba el número de delitos para prohibir el acceso a estas.

La última normativa relevante aprobada hasta ahora, la llamada "prohibición de armas de asalto", firmada por el entonces presidente Bill Clinton en 1994, declaraba ilegales la fabricación, posesión e importación de armas semiautomáticas de asalto para uso civil.

Las regulaciones federales de la ley caducaron en 2004, aunque algunos estados mantuvieron las limitaciones para la venta y acceso a este tipo de armas.

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