La juez declaró ayer el concurso necesario de Viajes Marsans presentado por una decena de acreedores de la compañía, pero mantendrá cautelarmente a los actuales propietarios, la sociedad Posibilitum Bussiness, al frente de la gestión del proceso concursal. En concreto, según el auto dictado por la titular del Juzgado de lo Mercantil número 12 de Madrid, Ana María Gallego Sánchez, los nuevos propietarios de Marsans conservarán las facultades de administración y disposición sobre el patrimonio de la compañía, pese a que cabe recurso de reposición en cinco días.

Sin embargo, la gestión de la compañía queda sometida a la intervención de la administración concursal, que estará formada por el abogado Edorta Etxarandio, el economista Rafael Martín y un representante de la empresa acreedora Billing and Settelment Plan (Internacional Air Transport Association, IATA).

El auto explica que el mantenimiento de los actuales propietarios de Marsans al frente de la empresa se debe la "obvia dificultad" que supone gestionar una compañía que cuenta con más de 550 agencias de viajes, una plantilla de más de 1.500 empleados y una cifra de negocio de 166,1 millones de euros. "Resultaría inadecuado para la continuidad de la normal actividad empresarial que las facultades de la concursada se vieran sustituidas por la administración concursal", señala.

Mientras, los trabajadores de la compañía esperan recibir "toda la información" sobre los planes de futuro de la dirección de la empresa en la reunión del lunes, aunque valoraron que se haya asignado una administración concursal para intervenir en la gestión.

No hubo estafa

Por otra parte, la Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que los antiguos propietarios de Air Comet, Gerardo Díaz Ferrán y Gonzalo Pascual, no incurrieron en presuntos delitos de estafa al seguir vendiendo billetes a pesar de conocer la situación de insolvencia en la que se encontraba la compañía. Tras casi seis meses de pesquisas, la Fiscalía concluye en su informe que "los hechos investigados no son constitutivos de delito" debido a la falta del "elemento de engaño previo al desplazamiento patrimonial" al no haber encontrado ningún billete cuya fecha de emisión fuera posterior al 21 de diciembre de 2009, cuando un juez británico dictó la orden de embargo de los aviones de la aerolínea.