Samper se muestra ahora dispuesto a dar ayudas directas por la sequía en Aragón
El Departamento que dirige Ángel Samper ha mantenido una reunión con las organizaciones agrarias y las cooperativas agroalimentarias para "buscar las mejores fórmulas" para el reparto de una partida adicional de 6 millones de euros.
La insistencia de las organizaciones agrarias y las cooperativas pidiendo al unísono que el Gobierno de Aragón concediera ayudas directas a los afectados por la sequía comienza dar sus frutos. La Consejería de Agricultura, Ganadería y Alimentación se ha mostrado este lunes dispuesta a conceder este tipo de apoyos durante una reunión mantenida este lunes con representantes de organizaciones agrarias y cooperativas agroalimentarias para decidir cómo repartir y a quiénes una nueva partida de 6 millones de euros que llega desde el Departamento de Hacienda. De ellos, cinco millones irían destinadas a las producciones cerealistas de secano y un millón a la ganadería extensiva.
El consejero Ángel Samper ha llegado al encuentro con varias propuestas entre las que figuraba la utilización de este montante para la concesión de préstamos. Pero esta posibilidad se ha encontrado con la rotunda negativa de los representantes del sector, que defiende que ante la crítica situación que vive el cereal de secano de la margen derecha del Ebro y la totalidad de la provincia de Teruel solo existe una alternativa, compensar a los agricultores y ganaderos con pagos directos.
"Ya tenemos un mapa que nos dice qué zonas están sufriendo más intensamente la falta de lluvias y ahora estamos buscando las fórmulas para su distribución, porque como he dicho siempre lo que no se puede hacer es repartir migajas y miserias. Lo que hay que hacer es que ese dinero vaya bien conducido y solucione realmente algo", ha señalado el consejero en un receso de la reunión. Y aunque no lo ha reconocido abiertamente en ese momento, ha dejado entrever que no descartaba la concesión de ayudas directas, aunque tendrían que estudiarse los factores que condicionarán su reparto.
Esas condiciones son las que han puesto sobre la mesa las organizaciones agrarias, que también han dejado ver sus diferencias. Todas ellas coinciden en señalar que las ayudas tendrán que ceñirse a las zona más afectada por la sequía, una superficie que, según el sector, se estima en unas 180.000 hectáreas de cereal de secano.
Dado que consideran que la partida no es todo lo elevada que sería necesario, los sindicatos agrarios han planteado a Samper la necesidad de modular y priorizar las ayudas. UAGA y UPA defienden que el destinatario sea el agricultor profesional, es decir, aquel que está dado de alta en la Seguridad Social Agraria. Araga no pone excesivos reparos, pero Asaja ha mostrado su desacuerdo, porque insiste en que tan profesionales como estos son también aquellos que cotizan como autónomos. "No se puede dejar a nadie fuera. Hay que tratar a todos por igual. Es nuestra línea roja", ha señalado José Manuel Cebollada, presidente de esta organización agraria en Teruel, la provincia más afectada por dos campañas de extrema sequía.
Hay también división de opiniones cuándo el criterio a seguir es el pago por hectárea. Hay quien defiende un pago de 40 euros por hectárea a las 100 primeras hectáreas, superficie a a partir de la cual la cuantía se reduce a los 25 euros/ha. Unas cifras que no apoyan ni Asaja ni Araga, que han defendido que la sequía está impactando con más fuerza en los secanos áridos en los que las explotaciones tienen como mínimo un tamaño de 200 o 300 hectáreas "porque si no no son rentables". Ambas organizaciones han solicitado que si se pone "un filtro por arriba", también se ponga un "límite por abajo", ha explicado Federico Lorente, presidente de Araga. "El que tiene 20 hectáreas tampoco es un profesional ni vive de esto", ha añadido Cebollada.
Un tercer requisito estará determinado por el seguro. Para fomentar las coberturas se plantea la posibilidad de dar una ayuda mayor a quien tenga su explotación asegurada. Y aunque las organizaciones agrarias han dado su visto bueno a este requisito, recuerdan que "hay que tener en cuenta que muchas de las zonas afectadas, el "nivel de aseguramiento es muy pobre", ha explicado el representante de Herbáceos en UAGA-COAG, Javier Fatás.
La respuesta del consejero, a mediados de junio
A pesar de que las organizaciones agrarias han dejado claras sus prioridades de reparto (incluso aportando cifras), la reunión de este lunes ha terminado sin concreción. Serán ahora los miembros del equipo de la Consejería de Agricultura, con Samper a la cabeza, los que "estudien" todas las posibilidades y decidan si finalmente se dan ayudas directas y cómo y en qué cuantía se realizará el reparto.
No hay fecha para una nueva reunión con los representantes del sector, aunque las organizaciones agrarias están confiadas en que la "solución" llegue en la primera quincena de junio. "El consejero nos ha trasladado su intención de que la decisión esté tomada antes de que comience el verano", han coincidido en señalar los representantes del sector, que han advertido que la situación es tan complicada que "es necesario que las decisiones se tomen con celeridad".
El apoyo del Ministerio
Tanto como el consejero como las organizaciones agrarias han coincidido en señalar que para que estas ayudes lleguen al máximo de explotaciones también tendrá que actuar el Ministerio, porque es necesario que dicho apoyos queden fuera de los condiciones que establece la Unión Europea para su concesión. Se conoce como 'ayudas de mínimis' y son aquellas que cada Estado miembro puede conceder sin consultar a la Unión Europea. Pero tienen un límite. La Comisión establece que estas subvenciones no pueden superar tienen que situarse entre los 15.000 a 20.000 euros en tres años con un tope, en determinadas circunstancias que puede alcanzar los 25.000 euros.
Para ello, desde UAGA se ha propuesto que Aragón cree un frente común ante el ministerio que encabeza Luis Planas no solo para que trabaje con Bruselas de manera que estas ayudas queden fuera de dicha condición sino también para que se vuelva a exigir al Gobierno central que ponga sobre la mesa una nueva partida de ayudas, similar a la del pasado año, con la que las comunidades afectadas, entre ellas Aragón, puedan hacer frente a la sequía.
