La letra pequeña de la reforma de las pensiones: penaliza la jubilación anticipada y los trabajos más duros

La nueva reforma de pensiones ya está casi lista para firmarse por las partes que la han negociado, el Gobierno, las patronales CEOE y CEPYME y los sindicatos UGT y CC. OO. Quedarían algunos flecos pendientes sobre los que no se espera que haya problemas en alcanzar el consenso. Esta semana se ha difundido el borrador con las principales líneas de la esperada modificación del sistema.

La Coordinadora en defensa del sistema público de pensiones, que sigue concentrándose los lunes en varias ciudades, entre ellas Zaragoza, critica que la propuesta encabezada por el ministro de Inclusión y Seguridad Social, José Luis Escrivà, "nuevamente prevé ‘ahorros’ en el Sistema de Pensiones Públicas, pero no aumento de los ingresos". Por ello considera que sigue "la senda marcada por todas las reformas auspiciadas por el pacto de Toledo" e intenta "retrasar la edad de jubilación efectiva, que en el año 2020 fue ya de 64,5 años". Así, la edad legal de jubilación en el año 2021 es de 66 años y la anticipada voluntaria de 64 años. El colectivo defiende que se debería volver a fijar los 65 años como edad de partida para jubilarse.

Penaliza la jubilación anticipada

La nueva reforma denuncian que pretende "penalizar la jubilación anticipada para los grupos que la soliciten entre 21 y 24 meses de anticipación y entre 1 y 3 meses de anticipación. "Con los nuevos coeficientes reductores de la pensión anticipada se está ‘obligando’ a quienes tenían pensado jubilarse con 24 meses lo hagan con 22 y los pocos que lo hicieran con 3 meses (muy pocos) lo hagan sin ninguno", critican. Esta situación entienden que "perjudica notablemente a las pensiones medias y bajas y a los oficios más duros, justo los que tenían que salir más beneficiados y antes jubilados". La plataforma critica que se apueste por alargar la jubilación con incentivos "en un contexto insoportable de paro juvenil (41,7 % entre los 15 y 24 años)", en relación a los pagos de hasta 12.000 euros.

Para los retiros anticipados, la organización ve "evidente" que la medida persigue "retrasar al menos dos meses la solicitud de pensiones anticipadas para los que pensaban jubilarse con dos años menos". Según sus cálculos, quien ya tenía pensado retrasarlas a un periodo menor "incluso podría ganar con el cambio (poco) al sufrir una menor reducción".

Ponen como ejemplo que si un trabajador tenía pensado jubilarse anticipadamente con 24 meses de antelación y a partir de la reforma Escrivà lo hace con 22 meses, el sistema se habrá ahorrado casi 10.000 euros (entre 14.700 y 3.888) como media por cada trabajador que lo haga. "A cambio el trabajador habrá trabajado dos meses más y recibirá 16 euros más de pensión al mes", estiman.

Pero, en España el porcentaje de pensiones contributivas anticipadas voluntarias es del 13,61%, esto es, de 835.216, apuntan. De ellas, al menos el 33% son superiores a los 2.100 euros mensuales , es decir provienen de cotizaciones altas y, presumiblemente con 24 meses de antelación . En este supuesto el ahorro en su conjunto del sistema es de 637 millones de euros en dos años y de 2.980 millones en 17,5 años (hasta alcanzar la esperanza de vida media).

Retrasar la jubilación compensa si son las más altas

La organización calcula también los efectos de las bonificaciones por retrasar la jubilación ordinaria que incluye la reforma. Parte para ello del caso de una pensión media contributiva de 1.200 euros mensuales. Así, el sistema se ahorrará 14 pagas de pensión (16.590 euros) e ingresará las cotizaciones de un año completo (6.496 euros). A cambio el trabajador percibirá una prestación única de 6.619 euros. Es decir, "por año el sistema se ahorrará 16.467 euros. Esta cifra es mucho más alta en las pensiones más elevada (las que más van a usar esta modalidad) y más baja en las de menor cuantía", calcula la coordinadora.

Así si el 10% de los trabajadores que se jubilaron en el año 2020 (531.843) con una pensión media decidieran continuar su vida laboral un año, "el sistema se ahorraría más de 531 millones de euros en ese año respecto de la situación actual". Con estos cálculos, la organización señala que "si el grueso de quienes optarán por esta situación fueran los de pensiones más altas la cifra se elevaría exponencialmente". Por ello, reconoce que, en principio, la idea de reducir gastos "a cambio de que una minoría de trabajadores y trabajadoras (las de mayor cuantía) alargue su edad laboral no es despreciable ‘per se’, puesto que haría más sostenible económicamente el sistema".

Sin embargo, insiste en que en el contexto de crisis económica actual y con una elevada tasa de paro juvenil, "sueldos bajos y una desigualdad creciente", defienden que "antes de ahorrar en el sistema, se debería potenciar con nuevos ingresos". Favorecerá fundamentalmente a los salarios/ingresos más altos y a los oficios más cualificados y no manuales. A cambio, en un contexto de gran paro juvenil, nuestros jóvenes muy preparados no podrán ocupar estos puestos laborales. La plataforma pide al gobierno que aclare "cuánto prevé ahorrar y cómo va a incentivar el empleo juvenil".

Quitar los topes a las cotizaciones

Por ello, la plataforma insiste en una de sus reivindicaciones, 'destopar' las cotizaciones. Esta sería una de las cuestiones que UGT y CC. OO. han avanzado que se negociará en una "segunda fase" de la reforma a medio plazo. La coordinadora pide que las cotizaciones "abarcaran la totalidad de las remuneraciones de los altos salarios por cuenta ajena e ingresos autónomos", señalan. Actualmente el 'tope' está en 4.070,10 euros. Según los datos recogidos por la coordinadora, en España hay más de 1,7 millones de trabajadores que perciben más de 4,5 veces el SMI, es decir, que sobrepasan el tope de cotización. Calculan que la cantidad global que deja de ingresar el sistema por esto es de más de 9.677 millones de euros anuales. "Mucho más de lo ahorrado con la propuesta del Ministro Escrivà", aseguran. Por ello, consideran que "no es el momento de alargar la edad de jubilación, de hecho, la ordinaria debía volver a los 65 años, sino de aumentar los ingresos del sistema y no obstaculizar más los problemas laborales de nuestros jóvenes".

El colectivo que surgió a raíz de las anteriores reformas de pensiones, mantiene su calendario de movilizaciones en julio, para pedir mejoras que garanticen las prestaciones públicas. Bajo el lema 'Gobierne quien gobierne, las pensiones se defienden' piden unas pensiones públicas "dignas" y sin privatizaciones. En su tabla reivindicativa incluyen, entre otras peticiones, que las pensiones se recojan como un derecho constitucional, se paguen con cargo a los Presupuestos generales del estado y la pensión mínima se fije en 1.180 euros.

Vienen mostrando su oposición al al plan europeo de privatización de las Pensiones (PEPP) y piden la derogación del Pacto de Toledo y las reformas laborales del 2010 y 2012 y de las Pensiones del 2011 y 2013. Seguirán concentrándose en Zaragoza en 'los lunes al cierzo', a las 12.00 en la plaza del Pilar, junto a la fuente de Goya.