Escrivá aparca subir a 35 años el cálculo de la pensión y los autónomos cotizarán por sus ingresos en 2022

Las líneas maestras de las reformas laboral y de las pensiones, las dos que había dejado pendientes el Gobierno de las treinta transformaciones que en total tiene que desarrollar ligadas al plan de recuperación, ya están listas y enviadas a Bruselas. Y ya las conocen los agentes sociales: el Ejecutivo reunió a los empresarios y a los sindicatos para presentárselas este martes por la tarde tras remitirlas a la Comisión Europea.

En materia laboral, se realizarán 17 reformas estructurales dividas en varios bloques, entre los que se encuentran la reformulación de las políticas de empleo o de la formación, según explicó la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, en la rueda de prensa convocada para vestir del largo el último acuerdo sobre los ERTE. Además, se abordará la "modernización del mercado de trabajo" y las "patologías" que sufre el mercado laboral español tras "52 reformas laborales que han ido en la misma y única dirección, consolidando un modelo que tiene unas enormes deficiencias", abundó la ministra, haciendo alusión a las elevadas tasas de paro estructural, singularmente entre la juventud, y al alto porcentaje de temporalidad.

En este sentido, por un lado, el proyecto enviado a Bruselas propone la simplificación del número de contratos, con su limitación previsiblemente a tres: indefinido -que se diseña como el básico-, el temporal y el de formación. Y, por otro lado, tal y como avanzó el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, se pretende que la "flexibilidad interna" que proporcionan los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) se integre en el sistema de forma permanente y más eficaz que en el pasado, para evitar que la solución ante situaciones transitorias de caída de la demanda sea el despido y la pérdida del trabajo.

La voluntad que expresó Díaz es que las reformas se lleven al diálogo social. "Ojalá pueda acabar con acuerdo. Pero no siempre es así", advirtió Díaz, quien también señaló que los agentes sociales están "razonablemente satisfechos", porque todos coinciden con "el diagnóstico".

Asimismo, el ánimo del Ejecutivo pasa por evaluar las políticas públicas que se desplieguen, después de haber concluido "lo que no funciona" en la actualidad, según ilustró la ministra de Trabajo: 169 millones de contratos firmados desde 2012 y más de seis millones de contratos sólo en 2019 con duración inferior a siete días.

También se abordará la reforma de las subcontratas, además de las bonificaciones y deducciones a la contratación, así como la regulación de los ‘riders’ -hoy mismo se reunirá el diálogo social para tratar este último tema-. Además, se modernizará la negociación colectiva, pero aquí el Gobierno fue muy cauto y no concreta si volverán a primar los convenios sectoriales sobre los de empresa -como reclaman los sindicatos-.

En paralelo, la intervención en el mercado de trabajo conlleva un capítulo de inversiones de más de 2.000 millones con que se dotarán, por ejemplo, las políticas activas de empleo y la parte sociolaboral del ingreso mínimo vital.

Poder adquisitivo

En materia de pensiones, el documento base será el acuerdo del Pacto de Toledo. Un "elemento central" que se está abordando en el diálogo social es el mecanismo con el que va a "quedar garantizado ante cualquier situación y horizonte" el poder adquisitivo de las pensiones. Tampoco se concreta en la ficha enviada a Bruselas ya que hay varias opciones a estudiar.

Lo que sí dejó claro Escrivá es que, para reforzar la contributividad del sistema, el objetivo de la Seguridad Social es que a partir de 2022 los autónomos comiencen a cotizar por sus ingresos reales de una manera progresiva.

Otros elementos que incluirá la reforma serán mecanismos para acercar la edad efectiva de jubilación a la edad legal y desincentivar la jubilación anticipada voluntaria con mayor penalización que la actual a las pensiones altas. Y también se resolverá el escaso incentivo para extender la vida laboral mediante una prima o incremento de la cuantía.

El ministro insistió en que se construirá un sistema más equitativo para las carreras laborales más cortas y más largas y para aquellas que son más discontinuas, para paliar posibles lagunas de cotización. El texto no incluye la extensión del periodo de cómputo de la pensión hasta los 35 años. Escrivá afirmó que no se trata de establecer un año más o un año menos, sino de analizar las nuevas realidades del mercado de trabajo. Una de las primeras medidas que se adoptará, avanzó, será el establecimiento de un complemento de maternidad distinto al aprobado por el PP y que los tribunales están extendiendo también a los padres, con lo que no actúa para cerrar la brecha de género existente en las pensiones. Por último, se eliminará el factor de sostenibilidad y se buscará otro de solidaridad intergeneracional.